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Conflicto y gobernanza

Ángel Sánchez

OPINIÓN

Ángel Sánchez

         Hemos podido leer y escuchar que el colectivo de Mayores y la Concejalía de Bienestar Social están en enfrentados en un conflicto: el colectivo de Mayores están siendo “tácitamente” sacados de las dependencias que venían utilizando en “virtud” de un supuesto ( de ahí lo de tácito) plan de reestructuración unilateral por parte de la Concejalía. Esto, al margen de las consideraciones emocionales que conlleva ( al tratarse de un colectivo tan sensible política y socialmente ) supone, en mi opinión, un problema relacionado con un término muy en boga: gobernanza.

         El concepto de gobernanza, en el análisis de de políticas públicas, se identifica con la creación de redes de políticas públicas ( policy networks), definidas como entramados, más o menos formales, que reflejan la diversidad de formas en las que las organizaciones públicas o privadas interactúan entre si. Y en el contexto del conflicto, la referencia es a un proceso en el que los diferentes intereses se acomodan de forma consensuada.

         La gobernanza incide en un debate clave en la política de nuestros días: la legitimidad. Las políticas de “buen gobierno” ( y fomento de la transparencia) tienen como objetivo establecer un equilibrio entre la eficiencia y la legitimidad democrática entendida como parte del proceso. La participación en la elaboración e implementación ( de forma institucionalizada) de las políticas, o es un proceso vertical ( donde el protagonismo es unilateral de los dirigentes políticos, siendo los actores sociales sujetos “pasivos”) o es un proceso abierto, participativo y, por lo tanto, horizontal. Mi conclusión es que, sin que los conflictos inherentes a una sociedad compleja como la nuestra desaparezcan, la gobernanza ( participación y transparencia) garantiza en gran medida la equivalencia entre las decisiones  y las preferencias ciudadanas. Por ésto, creo que la “verticalidad” en la toma de una decisión que afecta a diferentes actores, es el eje del problema.

         La intervención “mediadora” del Alcalde es, en primer lugar ( en el contexto de un gobierno de coalición), una clara injerencia en las áreas delegadas al socio de gobierno (¿No tienen previsto en el “acuerdo” de gobierno la resolución de conflictos?). Y por otro, un intento de capitalizar cualquier decisión, eso sí, siempre en el marco de la verticalidad de la gestión, lo que probablemente propiciará que, aunque el conflicto se suavice, sea susceptible de resurgir, al no institucionalizarse los mecanismos de participación (a causa de la personalización de la intermediación). En mi opinión, la convocatoria de los órganos de participación existentes ( Consejo Social, como exige la oposición) sería un instrumento lo suficientemente eficiente para que los conflictos futuros se dilucidasen a través del diálogo, sin depender de la persona o personas que tengan las responsabilidades políticas coyuntural.

         En resumen, creo que el problema que se ha suscitado podría extrapolarse a cualquier edificio público: la Casa de Cultura, la Biblioteca Municipal, el Pabellón o cualquier instalación que es compartida por diferentes actores con intereses coincidentes pero también contrapuestos. Y éstas instalaciones, que reúnen una gran parte del movimiento asociativo local, deberían contar con una comisión, consejo o similar con representación de esos actores para que los intereses puedan acomodarse a través de ese necesario consenso.

         Creo que el análisis crítico no debería circunscribirse únicamente a una instalación municipal, sino a la totalidad. La creación de mecanismos de participación y  transparencia no son una opción, pues pese a exigible legalidad de las actuaciones políticas, la sociedad organizada exige el refrendo de la legitimidad en la toma de decisiones: la democracia no es sólo votar cada cuatro años y los políticos electos no pueden considerar que su cargo les permite actuar sin la participación activa de los actores implicados en la vida socio cultural del municipio. Este simplismo ( o reduccionismo) reduce la calidad de la democracia municipal e incide negativamente en la percepción que de la política tiene la ciudadanía, algo que debería ser uno de los compromisos transversales (revertir la desafección) de cualquier gobierno que se precie de democrático, más allá de lo que las urnas hayan dictaminado.

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