Opinión

Ángel Sánchez

Estos días hemos tenido conocimiento que la justicia ha impuesto una sanción punitiva al Alcalde de El Campello como primer responsable municipal en la no identificación del técnico o técnicos municipales en el asunto de una infracción urbanística. Al tiempo han surgido informaciones sobre las intenciones del actual gobierno sobre el maltrecho urbanismo municipal tras la suspensión en 2016 del Plan General perpetrado en solitario por el PP. Y junto a esas informaciones, hemos tenido oportunidad de ver como las responsabilidades se diluyen en el olvido, principalmente por los portavoces actuales (alguno, el mismo que el pasado mandato) de Compromis y Podemos. Es necesario tener memoria, pues de lo contrario se puede caer en contradicciones poco comprensibles, al tiempo que se aviva la desilusión en un electorado cada vez más impermeable a los mensajes políticos por falta, principalmente, de coherencia.

En el primero de los asuntos (la sanción personal de 600 Euros al Alcalde) a mi, personalmente, lo que me preocupa es en primer lugar, la sospecha que sobre la gestión municipal recae, sobre su eficacia y sobre todo sobre su imparcialidad en la prestación de los servicios. No entiendo como se puede no facilitar a un tribunal el nombre o nombres de quienes firmaron un informe para conceder una licencia o dar un permiso para realizar una obra. ¿Cuál es la razón?. La defensa a ultranza que se hace de la eficacia de los servicios técnicos no entra en contradicción con la exigencia de responsabilidades, pues esta es una forma de mejorar el servicio público, sino de acercarlo a la ciudadanía mediante la transparencia y asunción de responsabilidades.         

En segundo lugar, me sorprende que los mismos que formaron parte del gobierno de coalición en el mandato 2015 a 2019 y que ejercieron altas responsabilidades recriminen ahora algo que ellos pudieron hacer cuando tenían la responsabilidad del gobierno municipal. En concreto me refiero a la Alcaldía del actual portavoz de Compromís que, en un asunto que venía de 2016 bien podría haber resuelto el requerimiento de los tribunales, o del partido que tenía delegada las competencias de urbanismo y territorio (PDC, o ahora, Podemos).

En tercer lugar y unido al primero y al segundo, hablar ahora de las excelencias de los proyectos que se tienen para un futuro plan de urbanismo sin haber dado un paso en la dirección adecuada, utilizando la propaganda para solapar la inacción me parece poco adecuado, si exceptuamos de la ecuación a los muy, pero que muy crédulos. Y, por ende, a los miembros del anterior gobierno de coalición que tuvieron la oportunidad de acordar un guión pero prefirieron la permanencia en el gobierno a arriesgarse a plantear propuestas viables o mínimamente sensatas, buscando acuerdos lo más amplios posibles. De aquellos polvos estos lodos.

La responsabilidad tiene una coherencia, más allá de los lavados de cara que queramos darle con el olvido interesado o con campañas de propaganda. La responsabilidad está medida y, esa coherencia debe mantenerse, pues de lo contrario, excepto los muy fans, la gente corriente seguirá mirando la política como algo sospechoso, algo reservado a unos pocos que toma decisiones en función de sus intereses y no de las necesidades colectivas. De unos pocos que se ponen de acuerdo, en lo sustancial, para mantener el estatus quo y no para alcanzar acuerdos transparentes en los que la ciudadanía pueda mirarse y sentirse representada.

Creo que, mientras sigamos justificando decisiones que han sido onerosas para las arcas de todos y todas, que han sido negativas para el desarrollo social y económico y que extienden un halo de sospecha sobre la equidad de las decisiones técnicas, la ciudadanía “media” (esa a la que los políticos se refieren de forma retórica como la “gente corriente”) seguirán sintiendo que la política es algo ajeno a sus intereses cotidianos; que está ahí como mal menor pero de la que no se puede esperar más de lo que hay.

Es necesario que se aclare quién firmó informes que propiciaron acuerdos, no sólo los referentes a la sanción al Alcalde, sino aquellas decisiones que ratificaron, por ejemplo, el plan económico financiero del parking dels Furs, la modificación del proyecto del parque central, la no devolución de las fianzas del Centro Social, los informes que permitieron que un Plan de Urbanismo como el del 2011 fuese aprobado con la denegación de las alegaciones que a éste se presentaron, por  ser un ejercicio necesario de transparencia democrática. Y esto lo debe hacer el actual gobierno de coalición, pero los que tuvieron responsabilidades no hace demasiado tiempo, no deben ni olvidar ni esquivar su responsabilidad. Rectificar es de sabios y no hacerlo, de necios.