El anuncio de recuperar el pago de las autopistas en todo el territorio nacional ha hecho saltar todas las alarmas. En concreto, según destacan desde Compromís per Sant Joan, el caso del País Valencià es especialmente grave ya que hemos estado pagando peajes durante más de 50 años y la gratuidad de la AP-7 se había conseguido finalmente en el año 2020 precisamente mediante la presión de Compromís en Madrid.

Es por ello que desde este grupo político se ha iniciado una campaña con tal de oponerse frontalmente a la medida. En Sant Joan d’Alacant, el Grup Municipal de Compromís ha presentado una moción con la intención de mostrar el rechazo de todas las fuerzas políticas. “Esperem la unanimitat del vot, ja que l’AP7 l’hem pagada i repagada” afirma el portavoz, Sergio Agueitos.

Según el Ministerio de Transporte, unos 27.140 vehículos han hecho uso de la AP7 de media al día en 2020 frente a los 22.469 del último año de pago. También ha aumentado el paso de camiones, unos 1.873 más de media. Y todo eso, en un año marcado por la pandemia y las prohibiciones de mobilidad. «Estem parlant d’un element clau per a la nostra economia i vertebració territorial” incide Agueitos.

Compromís per Sant Joan niega el argumento ecologista de esta medida, ya que pagar peajes nos disuade a nadie de hacer uso del coche si no hay otra alternativa. Según indican desde Compromís, “fins que no comptem amb una bona xarxa de transport públic, la gent estarà obligada a fer ús del vehicle privat. Posar peatges sense invertir abans en transport suposa una mesura recaptatòria i, per a qui no puga pagar, a fer ús de carreteres secundàries, les quals són més contaminants i amb índexs de mortalitat més alts”.

Desde Compromís recuerdan que si hubiera voluntad real de disuadir el uso del coche se ejecutaría la conexión del aeropuerto por vía ferroviaria, se habría construido ya todo el corredor mediterráneo y se invertiría en cercanías y en el transporte público de las zonas metropolitanas y otros territorios tal como han reclamado desde este grupo: “Estes propostes sí que apostarien per la sostenibilitat i suposarien un canvi important i una compensació territorial pels anys de deixadesa i inexecució d’inversions. Volem un futur sostenible, però aquest ha de ser just socialment i territorial” ha conclòs Agueitos.