Ángel Sánchez
La metáfora que utiliza Victor Lapuente en su argumentación sobre la necesaria reforma de la Administración (ateos, como los no creyentes en la gestión pública frente a la privada, y devotos como creyentes incuestionables sobre la gestión directa), puede ser útil para encuadrar la situación que vivimos respecto a la gestión de esa infraestructura “maldita”: la piscina (maldita, porque nace sin tener claro el modelo de gestión, ni ser capaces de dar soluciones alternativas y temporales hasta lograr un acuerdo de mayor recorrido).
La coalición de gobierno parece haber adoptado el “ateísmo” sobre la gestión de la pisicina: no considera que exista otra opción que la gestión privada. Y esto, pese a que dos de los socios de investidura proponían una situación intermedia que podríamos definir como “agnóstica”: o gestión mixta o incluso gestión directa a través de una fundación pública. Pero por lo que se ha podido conocer, y pese a existir pruebas que podrían refutar ese “ateísmo” ( informes técnicos que cuestionan la viabilidad del proyecto económico financiero, tal como está, y que igualmente cuestionan la viabilidad de las instalaciones al estar “en pausa” desde hace años…) el socio mayoritario del gobierno ( el PP) parece haber convencido a los dos partidos que le apoyaron en la investidura, que el agnosticismo no es una opción y que lo que se impone, por lealtad, es el ateísmo respecto a la gestión. Y dados los desencuentros que el gobierno ha sufrido, personalmente no tengo claro que los informes sobre la inviabilidad de la gestión con la “anterior normalidad” no modifique la posición de al menos uno de los socios ( Ciudadanos) . Habrá que esperar.
Por otro lado, tenemos a los “devotos”: defensores a ultranza de la gestión directa. Personalmente no comparto esta posición en toda su dimensión, porque considero que hay una tercera vía que debería explorarse: la corresponsabilización en la prestación de servicios de los propios “prestadores” a través de instrumentos de economía social ( cooperativas). Y en un tercer lugar, tenemos a los “descreídos”, o aquellos que creyeron en su momento que la privatización era la única opción, pero que en estos momentos, y dada la incertidumbre que provoca la situación y, fundamentalmente los informes técnicos que cuestionan la viabilidad y plantea determinados riesgos, se replantean sus creencias (los descreídos, al margen de ese nuevo contexto que puede propiciar un cambio de creencias, deberían, por coherencia, explicar a la ciudadanía su posición, pues su anterior apoyo a la privatización todavía no acabamos de entenderla muchos y muchas).
Y entre unos, otros e intermedios, tenemos la aritmética municipal, donde el grupo mayoritario del gobierno, después de haber sufrido algunos reveses, podría, a través de la gestión de la piscina, plantear un pulso a sus socios. Si así fuese, la irresponsabilidad sería una evidencia que, sumada a la prescipción técnica que cuestiona la viabilidad de la privatización no adaptada a la “nueva normalidad”, nos situaría en un contexto de difícil explicación. Irresponsabilidad u obcecación, ambos términos incomprensibles en una cuestión donde la responsabilidad política se superpone a los deseos personales e incluso a las creencias ideológicas sobre la privatización o la gestión directa: la maldición sobre la instalación hay que superarla con urgencia porque no es, ni de recibo; ni lógico; ni ético que una instalación finalizada esté cerrada al uso por decisión política.
En mi opinión, y siendo firme partidario de soluciones posibilistas, creo que lo coherente es la apertura de la instalación, con contratación del personal necesario y con un programa adaptado a la nueva normalidad que sirva como análisis comparado para, tras evaluar la aceptación, posibilidades y alternativas, permita tomar una decisión consensuada (que, sin el “abuso” de la legalidad de los votos en el Pleno) , priorice la legitimidad democrática de un servicio que no es solo un argumento de comunicación política en favor del gobierno de turno, sino un servicio de ocio y salud para la ciudadanía Campellera.
