Una situación incomprensible. Muchas personas se enfrentan a diario con una realidad difícil de asumir, cuando se encuentran sus casas ocupadas de un día para otro sin que la ley les dote de herramientas para recuperar su propiedad.
Es el caso de un matrimonio sanvicentero, ambos pensionistas, que sufren una situación irreal desde el pasado mes de noviembre. Ellos viven en las afueras de nuestro municipio pero tienen una segunda propiedad más céntrica. Periódicamente iban a limpiarla, hasta que un día se encontraron la cerradura cambiada. “Fue un shock”, señala la afectada, que todavía no ha olvidado aquel 19 de noviembre en el que se toparon con que unos nuevos inquilinos habían tomado su casa.
Fueron a denunciar los hechos ante la Guardia Civil, pero desde entonces el proceso sigue en curso y el desahucio no termina de llegar, habiendo pasado ya ocho meses en los que “hemos tenido que seguir pagando los suministros y no podemos cortarles la luz o el agua porque podrían ser ellos quienes nos denunciaran a nosotros por acoso”, explican. El mundo al revés.
“Sentimos impotencia”, lamentan, después de haber pagado 1300 euros en recibos de luz por una vivienda que no están utilizando. “No sabemos como nos la encontraremos cuando se vayan, por no contar las juergas que se están pegando”, concluyen. Es una situación difícil de entender hasta que se vive en carne propia, como les ha pasado a este matrimonio de pensionistas que vive una pesadilla que no saben cuando acabará.
Ciudadanos propone un plan municipal contra la ‘okupación’ ilegal de viviendas en San Vicente
Precisamente el grupo municipal Ciudadanos llevará a pleno una moción una moción que tiene que ver con este asunto, para que el Ayuntamiento elabore un plan contra la ‘okupación’ ilegal de viviendas en San Vicente del Raspeig que facilite la devolución de estos inmuebles a sus legítimos propietarios. La concejala de Cs Mariela Torregrosa ha explicado que “los ayuntamientos necesitan más herramientas para prevenir y actuar, ante la indefensión que sufren los propietarios cuando intentan recuperar su vivienda ocupada”.
La propuesta de Ciudadanos incluye un amplio paquete de medidas, como reforzar la seguridad y la vigilancia frente a la ocupación ilegal, poner a disposición de los propietarios afectados un servicio de asesoramiento jurídico, elaborar un censo municipal de viviendas ocupadas para realizar un seguimiento y control que permita prevenir posibles conflictos vecinales y nuevas ocupaciones, o elaborar una guía de actuación para prevenir la ocupación ilegal de inmuebles vacíos.
La concejala de Cs ha explicado que “también planteamos que se mejore la coordinación entre la Policía Local y las Fuerzas de Seguridad del Estado para que puedan actuar con mayor eficacia para asegurar una pronta actuación ante ocupaciones ilegales que atenten contra la seguridad y la convivencia ciudadanas en aquellas intervenciones requeridas por la administración de Justicia”.
Mariela Torregrosa ha afirmado que “la ocupación ilegal de viviendas es un problema también en San Vicente, que a menudo provoca conflictos de convivencia entre vecinos y que afecta especialmente a los propietarios que ven cómo su casa es ‘okupada’ de forma ilegal y se sienten totalmente indefensos ante las dificultades y el coste que les supone recuperar su propiedad, un proceso que se puede alargar durante meses”.
La concejala de Cs ha explicado que “el plan municipal contra la ocupación ilegal de viviendas recoge una serie de medidas de ámbito local, aunque es evidente que el problema de la ocupación ilegal es muy complejo y requiere de otras medidas a nivel estatal que están incluidas en la proposición de ley que Ciudadanos ha presentado para su debate en el Congreso de los Diputados”.
Entre las medidas incluidas en esa proposición de ley destaca el reforzar las competencias de los ayuntamientos para velar por la seguridad y convivencia ciudadanas en casos de ocupaciones ilegales de viviendas, facultándolos para subrogarse en las acciones de desalojo de los dueños que no las ejerzan, así como habilitar a las juntas de propietarios para instar los desalojos cuando afecte a la convivencia de la comunidad de vecinos.
Además, Ciudadanos también propone agilizar los juicios relacionados con desalojos, con la restitución inmediata de la vivienda a sus legítimos propietarios, así como endurecer las sanciones penales de los delitos cuando las ocupaciones ilegales se lleven a cabo con violencia o fuerza en las cosas que sean auspiciadas por mafias, con ánimo de lucro o como medio para cometer otros delitos.