Todos los grupos de municipales de El Campello, excepto el Partido Popular, Vox y Compromís presentarán una moción conjunta en el próximo pleno para que el Ayuntamiento eleve una consulta al Consell Juridic Consultiu de la Comunitat Valenciana sobre la tramitación del modificado de contrato de l Planta de Residuos de Les Canyades.
La moción, firmada por Ciudadanos, Esquerra Unida, Podemos, PSOE y Redcv, está motivada por una petición realizada por la Asociación de Afectados por el Vertedero de “les Canyades” el pasado 10 de Julio a todos los grupos municipales, para que el Ayuntamiento de El Campello solicitase al Consell Jurídic Consultiu (CJC) de la Generalitat Valenciana un informe aclaratorio respecto a la tramitación del modificado contrato de la Planta de Residuos Sólidos Urbanos de nuestro municipio. El objetivo es no repetir errores pasados con “una instalación que nunca ha alcanzado los objetivos fijados por la legislación medioambiental y de residuos, ni siquiera desde el principio”, como afirma el propio CJC en su Dictamen.
El escrito de los vecinos señala que la principal contradicción se encuentra en el cambio de parecer del primer Dictamen 489/2019 del, de fecha 31 de julio de 2019, en el que concluía que no procedía a modificar el contrato entre el Consorcio y FCC, pues era necesaria una previa aprobación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI), a mantener en la aclaración de 27 de septiembre de 2019 que “nada obsta a la aprobación del citado Proyecto de modificado del contrato de gestión” del Plan Zonal XV, el cambio es radical de 180 grados. Parece ser que los escritos de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental (DGCEA) y del Jefe del Servicio de Residuos de 21 de agosto de 2019, que adjuntaba la solicitud de aclaración de la Presidencia del Consorcio de 23 de agosto de 2019 han hecho cambiar el criterio del CJC utilizado en su Dictamen nº 489 de 31 de julio de 2019 sobre ese tema. Aparentemente el principal argumento que explica ese cambio de criterio son las afirmaciones de la DGCEA y del Jefe del Servicio de Residuos de la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecologica, en sus escritos de 21 de agosto de 2019 en el sentido de que “las modificaciones que se proponen en el contrato disponen ya de Autorización Ambiental Integrada” (Jefe del Servicio de Residuos, Emili Gombau Valanzuela) y “las modificaciones que se plantean lo son como consecuencia del cumplimiento de la autorización ambiental integrada de 8 de septiembre de 2016” (DGCEA, Joan Piquer Huega). Hay que anotar que esas afirmaciones no se corresponden a la verdad, pues el 17 de abril de 2020 el DGCEA aprobó una resolución por la que se modificaba de forma no sustancial la AAI de la planta de residuos y vertedero de El Campello. Es decir, las obras y modificaciones que ahora se autorizan no estaban contempladas en su totalidad en la AAI de septiembre de 2016 y han necesitado una nueva AAI, que era precisamente lo que exigía el CJC en su Dictamen de 31 de julio de 2020, pero con carácter previo a la firma de la modificación del contrato y a posteriori como así se ha realizado.
