El pasado jueves 30 de julio inauguró en San Vicente ‘Café Galera Casino’. Una apertura que ha causado descontento entre algunos vecinos y especialmente en la comunidad educativa del IES Gaia, ubicada justo en frente.

El director del centro, Juan Manuel Dávila, explica que “cuando comenzaron a hacer la ampliación desde el Instituto se envió una carta de queja al Ayuntamiento. Desde el consistorio explicaron que el establecimiento cuenta con la licencia concedida al anterior propietario y que no podían revertirla pese a que el pasado 15 de junio se aprobó la nueva ley del Juego”, mucho más restrictiva con este tipo de locales, especialmente si se ubican en entornos educativos. Fuentes municipales del área de urbanismo, que es la encargada de otorgar las licencias de apertura, confirman esta realidad, asegurando que “la nueva ley no tiene carácter retroactivo”.

El director del IES Gaia considera que «la localización de ese establecimiento de juego puede ser legal, pero es indecente y cualquier persona que tenga hijos en edad escolar es consciente de que un establecimiento de estas características es un potencial peligro por tratarse de un reclamo que incita a esta práctica.  Aunque los alumnos son menores y en teoría ellos tienen prohibida la entrada a este local, hoy cuentan con un mayor acceso a las tablets y teléfonos móvil y, por lo tanto un acceso más directo al juego online”.

De hecho, se ha emprendido una recogida de firmas en ‘change.org’ pidiendo “el cierre del casino de la Calle La Huerta”. Se escudan también en que el luminoso molesta a los vecinos por las noches, hecho que sí se intentará solucionar desde el área de urbanismo del Ayuntamiento. Por ahora hay unas 400 firmas.

Aspectos legales

En la ley aprobada el pasado mes de junio, se estipuló que los locales de juego situados en la Comunidad Valenciana no tendrían publicidad, ni salas de fumadores y que deberían guardar una distancia de 850 metros con centros educativos.

Con el objetivo de prevenir la ludopatía y reducir la exposición de los menores a ella, se pusieron en marcha estas y otras medidas ante la superpoblación de este tipo de negocios que se duplicó entre el período de 2013 a 2019, pasando de 250 a 518 en el territorio.