El sindicato SPPLB ha denunciado a través de un comunicado que “la actual concejala de cultura, Raquel Rodríguez, ha solicitado a los trabajadores del departamento de biblioteca, a través de su correo corporativo, que los interesados en cubrir la plaza vacante de técnico de archivos de la categoría C-1, le mandaran a su correo su currículum para poder optar a esta plaza”.
Dos de ellos atendieron el requerimiento. “Pasados unos días”, continúa el sindicato “la mencionada concejala contactó telefónicamente con el personal que le había mandado la documentación, informando que ella misma había realizado la valoración”.
Desde la sección sindical entienden “la urgente necesidad que tienen algunos concejales en cubrir muchas plazas vacantes del ayuntamiento y también somos conscientes del estado de parálisis y desorganización en el que se encuentra desde hace meses el departamento de recursos humanos, pero lo que no nos esperábamos nunca, era que una concejala de esta casa, tuviera el atrevimiento de hacer una selección de personal e incluso de forma personal requiriera a los trabajadores ese tipo de documentación confidencial, para hacer ella misma su propia selección y proponer a un trabajador para ocupar un puesto de superior categoría”. El sindicato solicitó al Alcalde, Jesús Villar, que abriese una investigación.
Un proceso que no llegó a materializarse
La edil de cultura se defendió de estas acusaciones a través de otro comunicado en el que explicó la cronología de los hechos. “Remití al departamento de Recursos Humanos un informe comunicando las necesidades en materia de personal ante la jubilación de la jefa de sección de Bibliotecas (A2) y la vacante de la plaza de Especialista en Archivos y Bibliotecas (C1). Teniendo en cuenta que la convocatoria por promoción interna de la plaza de C1 no se prevé que finalice hasta diciembre de 2020, entendí en aquella fecha que el desarrollo de las funciones descritas suponía una necesidad urgente e inaplazable para el buen funcionamiento del Departamento”.
Raquel Rodríguez explica que “se procedió a enviar una comunicación al personal auxiliar de bibliotecas para que éste presentara sus currículos, a fin de cubrir y atribuir temporalmente las funciones antes reseñadas, con el abono, en su caso, de la productividad correspondiente. Se recibieron dos currículos y la Concejalía propuso a uno de los auxiliares para la nueva atribución de funciones hasta la provisión definitiva de la plaza por promoción interna”.
Por tanto, según la edil, “no existe precepto legal alguno que obligue a la Concejalía, a la hora de designar nuevas funciones mientras se convoca una plaza, a publicar una convocatoria con unas bases de baremación, comisión evaluadora, etcétera, ya que, en ningún caso, se trata de crear una plaza. Pese a que la Ley permite designar directamente a una persona para realizar las funciones descritas, entendí que era más oportuno dar la oportunidad a todos los auxiliares”
Además, explica que “este proceso no ha llegado a materializarse. Pero aún en caso de que se hubiera aprobado, la persona propuesta inicialmente para desempeñar la función temporal hubiera seguido con su actual categoría de C2 (auxiliar de biblioteca). Ante algunas discrepancias en Recursos Humanos sobre cómo podía llevarse a cabo este proceso fui yo misma la que renunció a ponerlo en práctica”
Rodríguez concluye asegurando que “la inmensa mayoría de las productividades que se abonan en este Ayuntamiento, como la que pretendía llevarse a cabo, se hacen sin ningún tipo de proceso para seleccionar quien la percibe, es decir, se abonan mediante la comunicación mensual que cada servicio hace a RRHH en función de los criterios aprobados por el Pleno como Anexo I del Acuerdo de Condiciones Laborales del personal”.
