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Enrique Ortiz gana tiempo en su disputa jurídica con el Ayuntamiento

En el pleno ordinario de la próxima semana, el Ayuntamiento de San Vicente votará la anulación del acuerdo plenario de noviembre en el que se obligaba a la empresa de Enrique Ortiz a pagar 1.918.728 euros como saldo resultante de la rescisión del contrato de concesión del aparcamiento subterráneo municipal.

Se trata de un capítulo más de las tensiones jurídicas existentes entre el empresario y el consistorio. En este caso Ortiz recurrió el acuerdo plenario, alegando que todavía no existe una sentencia firme por parte del Tribunal Supremo. El Ayuntamiento, que aprobó la ejecución con los votos favorables del equipo de gobierno y Compromís, se ve ahora obligado a estimar este recurso de Ortiz. En palabras del edil de contratación, Jesús Arenas, “nosotros seguimos las indicaciones del servicio jurídico para no perder esta cantidad, pero ahora tras realizar una consulta toca llevar el punto a pleno, siempre siguiendo la línea de trabajo marcada por los técnicos”.

Por otro lado, en la sesión plenaria también se votará la anulación parcial (puestos de Agente, Oficial e Inspector de la Policía Local) de la modificación de la RPT aprobada en noviembre. En aquel momento el punto salió adelante (voto favorable del equipo de gobierno) pese a contar con un informe contrario de secretaría, pero ahora debe anularse a requerimiento de la Subdelegación del Gobierno. “Aceptamos la decisión y seguimos trabajando en alternativas”, declara el concejal de Recursos Humanos, José Manuel Ferrándiz, quien añade que “ya dije que esto podía pasar y no es algo que tenga una repercusión económica para el Ayuntamiento”.

En el pleno, también se abordará la Modificación del PAU II Castellet, después de que los afectados hayan realizado sus alegaciones y ahora han sido valoradas por el Ayuntamiento. Por otro lado, el consistorio volverá a concurrir a la subvención del IVACE para mejorar los cuatro polígonos industriales del municipio, la cual quedó suspendida en su anterior convocatoria debido a que la pandemia obligó a una redistribución económica.

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