Con esta medida, modificando las Bases los afectados con deudas con la Seguridad Social o con el Ayuntamiento también tendrían derecho a recibir dichas ayudas

<<En situaciones excepcionales, medidas excepcionales>>, Santiago Román lo tiene claro, el Portavoz de Ciudadanos y Vicealcalde del Ayuntamiento de Sant Joan, arrancó ayer la unanimidad del Pleno para que todos los grupos políticos aprobaran su propuesta de eliminar de las Bases de ayudas del Plan Resistir el requisito por el que se impedía acceder a estas ayudas económicas a aquellos autónomos y pymes con deudas tributarias, en la Seguridad Social o con el Ayuntamiento.

<<Es de sentido común pensar que, en la situación en la que nos encontramos, muchos de los beneficiarios de estas ayudas se encontrarían con este obstáculo que les impediría acceder a estas ayudas, es por ello que el Ayuntamiento se tiene que adelantar y liberarlos de este requisito que no contribuye en nada a aliviar los efectos de la pandemia sobre los autónomos y pymes de Sant Joan>>. Para Román, <<es comprensible que antes de dejar de atender sus recibos de agua, luz o gas, aquellos que pudieran encontrarse en una situación así, hayan dejado de pagar su recibo de autónomo>>.

La Ley General de Subvenciones del Estado recoge en su artículo 13.2 que <<no podrán obtener la condición de beneficiario de las subvenciones las personas o entidades que no se hallen al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social>>. Pero, Santiago Román matiza que la propia ley recoge que <<salvo que por la naturaleza de la subvención se exceptúe por la normativa reguladora, es decir, las Bases de ayudas municipales>>. Por esta razón, añade, <<es el momento de proceder a la eliminación de esta condición recogida en las Bases para que todos tengan el mismo derecho a acceder a estas ayudas, una vez que conseguimos el pasado día 26 la unanimidad de todos los grupos políticos en el Pleno>>.

A Sant Joan le corresponden dentro del Plan resistir 842.337 €, de los que la Generalitat Valenciana aporta un 62,5%, La Diputación de Alicante el 22,5% y el Ayuntamiento el 15%. Los beneficiarios recibirán un importe máximo de 2.000 €, además de 200 € por trabajador.