La Consellería y el Ayuntamiento firman el acta de replanteo para derribar la residencia «Tiempo Libre»

La actuación, que comenzará en breve, tiene previsto la demolición y la adecuación de la parcela. Se verán afectados un total de 6 edificios más las instalaciones deportivas. Desde la firma de replanteo que se produce hoy, se inicia el plazo de finalización que será de 5 meses. Tras casi 15 años de abandono de la instalación con su derribo se pone fin a un problema de seguridad, salubridad y vandalismo.

El viernes por la mañana la Directora General del Sector Público y Patrimonio, Isabel Castello, el Alcalde Jaime Albero y la Concejala de Urbanismo Eva Delgado firmaron el acta de replanteo de la obra. La actuación consistirá en el derribo de los edificios existentes, la nivelación y explanación de la parcela y la reforma de la valla perimetral, eliminando los puntos de acceso que han surgido con el tiempo.  La parcela de forma irregular tiene un total de 12.844 m² de superficie, los inmuebles objeto de demolición son construcciones aisladas en el interior de la parcela. Se trata de 2 edificaciones principales, 4 edificaciones auxiliares, zonas de circulación, zonas verdes, piscina en estado de abandono y una pista de tenis y datan de 1975. La superficie total construida a demoler es de 6.675,18 m². La empresa encargada tratará gran cantidad de los residuos en la propia parcela, reutilizándolos después para la nivelación o el relleno de la piscina.

«Con este derribo no sólo eliminamos los problemas de insalubridad e inseguridad, sino que revalorizamos un inmueble de indudable proyección económica y de servicios. Seguiremos trabajando con el Ayuntamiento para diseñar el futuro destino de las instalaciones» señaló Castello.

Fue en 2006 cuando la Generalitat Valenciana gobernada por el Partido Popular decidió cerrar el inmueble y abandonarlo a su suerte.  En 2012 el Ayuntamiento de Manuel Aracil (PP) puso en marcha una operación junto a la Universidad Católica de Murcia que consistía en la cesión del suelo para construir una universidad privada con un coste para los vecinos de Sant Joan de 1.185.000 €. Esta operación fracasó en 2014, quedando una deuda para el Ayuntamiento en modo de aval que supuso un coste de 1000 € al mes para las arcas municipales.

En julio de 2015, el gobierno socialista de Jaime Albero devolvió la titularidad a la Generalitat Valenciana e inició la negociación para la condonación en su mayor parte de la deuda que, tras una larga tramitación con la Generalitat, consiguió en 2018. Albero destacó “la importancia del inicio del derribo, dando solución así a un problema que se arrastraba desde hace años y que ha supuesto un coste económico importante para el consistorio”.

Durante los más de 5 años que estuvo en activo el aval, el ayuntamiento abonó casi 80.000€, lo que sumado al coste de la degradación del edificio ha sumado un total de 270.000€.

Mientras estuvo el complejo bajo custodia del ayuntamiento se produjo la degradación del edificio, motivada por la decisión del gobierno de Manuel Aracil (PP) de no mantener la seguridad privada que hasta 2013 pagaba la Generalitat.

Ya en 2019 se inició el proceso de derribo del edificio por parte de la Generalitat, firmándose hoy el acta de replanteo, lo que supone el pistoletazo de salida para el inicio de la obra de derribo, que ya cuenta con licencia por parte del Ayuntamiento.

“La licencia esta concedida por parte del Ayuntamiento, los trabajos en la parcela empezaran este mismo lunes con la limpieza y cribado de los residuos, es una magnifica noticia para nuestro pueblo.” Declaró Eva Delgado.