César Ponce / Somos Raspeig
Enrique Ortiz y el Ayuntamiento de San Vicente siguen jugando al ‘gato y al ratón’. En este caso, el ratón es Enrique Ortiz, que se escapa una y otra vez del gato que le persigue para liquidar una supuesta deuda que asciende a 1,9 millones de euros por abandonar unilateralmente en su día la explotación del parking subterráneo municipal.
El asunto se encuentra en el Tribunal Supremo, última instancia a la que puede recurrir Ortiz para evitar que el consistorio sanvicentero pueda liquidarle la citada cantidad. Sin embargo, por el camino el constructor va ganando tiempo y el ayuntamiento perdiendo dinero.
En una maniobra algo apresurada, el pasado mes de noviembre se decidió por junta de gobierno local liquidar la supuesta deuda, pero al no pasar por sesión plenaria, hubo que anular la solicitud tras dictaminarlo así la justicia (el Ayuntamiento se dejó 70 mil euros en intereses). Nuevamente en febrero, se volvió a repetir el proceso, aunque esta vez pasando por el salón de plenos. En un nuevo ‘dejavu’, los abogados de Ortiz vuelven a amenazar con ir a los juzgados por no haber una sentencia firme definitiva, obligando a que el Ayuntamiento tenga que desdecirse de nuevo el próximo miércoles. “Nosotros hemos pedido prudencia desde el principio en todo este asunto que está afectando a la imagen del ayuntamiento”, señala la edil de Ciudadanos Mariela Torregrosa, que ya dudó en su día de si era oportuno hacer efectiva la liquidación sin que el Supremo se hubiese pronunciado todavía. Tanto Ciudadanos, como PP y Vox se abstuvieron en la votación de este punto el pasado mes de febrero.
En otro asunto del orden del día previsto para el próximo miércoles 30 de junio, se debatirá la nueva prórroga forzosa del contrato de basuras, que en esta ocasión se alargaría hasta noviembre a la espera de que el nuevo contrato esté listo. También iba a pleno una modificación de la ordenanza del parking que incluía nuevas tarifas y supuestos concretos en los que no habría que pagar (por ejemplo acudir a donar sangre o a determinadas reuniones en el Ayuntamiento), pero finalmente ha sido retirada.
En el turno de mociones, PSOE Y EU ya han hecho públicas las suyas, relativas a la eliminación de la tasa de reposición y para que se abarate el precio de la factura eléctrica. También se abordará la polémica del CIPFP Canastell, ya sea mediante moción o mediante Declaración Institucional (dependerá de Compromís).
