César Ponce / Somos Raspeig

El Ayuntamiento apura el tiempo para encontrar una solución al problema existente con el contrato de recogida de residuos y limpieza viaria. La tercera prórroga expira en noviembre y habría que forzar una cuarta, ya que todavía no se ha decidido si la nueva licitación saldrá con pliegos renovados (como piden los trabajadores) o manteniendo los de 2019 (como se iba a llevar al pleno).

En una maniobra de última hora, el alcalde anunció que se retiraba del orden del día el punto referente al mencionado contrato, que iba a mantener las mismas condiciones que en su origen (2019) bajo amenaza de huelga de los trabajadores, que acudieron a la sesión plenaria para concentrarse en protesta por esta medida. “Nos han  pedido una negociación y ahora marcaremos un calendario de reuniones que comenzará la próxima semana”, anunciaba el primer edil, Jesús Villar, argumentando este aplazamiento. Por su parte, los afectados celebraban “ la muestra de unidad y fuerza demostrada hoy, creo que podemos y debemos sumar, juntos somos más, más fuertes. Hoy la plantilla de RSU ha estado a la altura, desde esta humilde opinión animar a los compañeros a participar en próximas convocatorias. Vosotr@s y solo vosotr@s habéis conseguido que el ayuntamiento de sentará a negociar, nosotros, los delegados, solo somos un instrumento, la punta de lanza para lograr los objetivos que nos marquemos”.

En el pleno también se aprobó la revisión de precios del citado contrato, en este caso referente al periodo entre julio de 2020 y junio de 2021, por lo que el ayuntamiento acepta pagar un aumento de 30 mil euros, cantidad solicitada por la empresa (Cespa) respecto al año anterior. “30 mil euros por no hacer bien su trabajo”, criticaba el popular Cristian Gil, mientras desde Ciudadanos lamentaban que “este contrato cada día cuesta más dinero”. Por su parte, Compromís manifestó su postura de “volver a plantear la municipalización de este servicio”. El equipo de gobierno consiguió la mayoría en la votación pese la abstención de la oposición.

Pachi Pascual aprovechó el momento para preguntar sobre “la razón que ha llevado al Alcalde a cambiar de opinión en tan poco tiempo”, pero Villar dio por cerrado el debate repitiendo que “este gobierno tiende la mano a los trabajadores y nos sentaremos con ellos a negociar”. No se detalló más sobre la fórmula que se utilizará, pero en los ruegos finales el alcalde indicó que «a veces no es lo que los políticos quieren sino lo que pueden hacer y nosotros haremos lo que legalmente sea posible y lo mejor para San Vicente que podamos hacer». Cabe recordar que la edil del área Pilar Alcolea manifestó en un comunicado su preferencia por la realización de unos nuevos pliegos, advirtiendo sobre las posibles consecuencias de no realizarlos.

Nueva Ordenanza Municipal de convivencia ciudadana

En otro punto del orden del día, se debatió sobre las inversiones que contribuirán a la recuperación económica de la ciudad al márgen del presupuesto ordinario. El remanente de Tesorería para gastos generales va a permitir al departamento de Hacienda poner a disposición de los distintos departamentos municipales dinero para actuaciones relevantes, como la segunda fase de la Piscina Municipal (1,5 millones), obras del nuevo pabellón de deportes (1,2 millones), contendedores de basura (900.000 euros), ayudas al comercio local (750.000 euros), obras en la calle Velázquez y su entorno (674.000), acceso a Villamontes (425.000), zona recreativa junto al barrio de El Tubo (355.000), el proyecto de instalación de placas solares en edificios municipales (118.000 euros) y, entre otros, la mejora de vías públicas (175.000 euros).

Se recuperaron posturas y argumentos recurrentes, con críticas cruzadas entre Alberto Beviá (EU) y Óscar Lillo (PP). El edil de Hacienda reconoció la baja ejecución del curso pasado (20%) pero volvió a defender sus políticas económicas e impositivas en relación a pasados mandatos.

Por otro lado , se aprobó de forma definitiva la Ordenanza Municipal de convivencia ciudadana, tras desestimar las alegaciones presentadas, según el informe jurídico emitido. Una nueva y amplia ordenanza con la que preservar el espacio público como lugar de convivencia y civismo, haciendo hincapié en la limpieza de la red viaria.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Policía Local, José Manuel Ferrándiz, destacó que “traemos a este pleno la resolución de las alegaciones y aprobación definitiva de la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana. Se resuelve en este punto 2 alegaciones presentadas por un ciudadano con referencia a los artículos 41.2 y 59.1 de dicha ordenanza. Ambas desestimadas por informe jurídico emitido que consta en el expediente, por lo que se propone adoptar el acuerdo para que se apruebe definitivamente la ordenanza y se publique en el BOP para su entrada en vigor”. La corporación municipal la aprobó con los votos a favor de PSOE, EU, Podemos y Compromís; las abstenciones de Vox y PP; y el voto en contra de Ciudadanos.

En el turno de mociones, se aprobó por unanimidad la llevada por Ciudadanos para pagar mediante bizum algunas tasas municipales. No tivieron tanta suerte la de Vox para favorecer la escuela matinera ni la presentada conjuntamente (Vox, PP, Ciudadanos) para el mantenimiento de los elementos ornamentales de San Vicente.

EU, Podemos y Compromís llevaron otra a favor del derecho de autodeterminación del pueblo saharahui mediante un referéndum (rechazada por el PSOE), mientras tampoco tuvo recorrido la propuesta del PP sobre medidas de apoyo a pymes para el coste energético.

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