Texto de Domingo Martínez Verdú y Fernando Monllor Lillo
Aunque pueda parecer paradójico, la solvencia económica y financiera de un ayuntamiento no siempre se corresponde con una adecuada gestión política del presupuesto municipal. Un buen ejemplo de ello se da en el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig.
Durante la presentación pública de los presupuestos, los políticos se refieren a aquellos en términos de cumplimiento de una serie de requisitos: el objetivo de la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera, la capacidad de financiación, la regla de gasto (por cierto, suspendida desde el año 2020) o la reducción del endeudamiento, con el fin de justificar la bonanza de lo que presentan.
No entraremos a desentrañar todo este galimatías; para nuestro propósito baste decir que San Vicente goza de estabilidad económica financiera y que, al igual que Campello o Mutxamel, su deuda viva por habitante es cero. El problema es que San Vicente, a pesar de disponer de recursos económicos suficientes, carece de una política decidida de nuevas inversiones, al tiempo que no se articulan medidas en el mantenimiento de las existentes; por no hablar de lo que resulta un clamor: la deficitaria prestación de servicios esenciales.
No es comprensible que, disponiendo de recursos, se invierta tan poco en el futuro de nuestro pueblo y en el bienestar de sus habitantes; en otras palabras: no existe una correlación directa o positiva entre la capacidad de financiación y el progreso del municipio. Por ejemplo, en la memoria de los presupuestos generales de este año se afirma que la inversiones reales “disminuyen en un 11,44% respecto a los dotados en el presupuesto del ejercicio anterior”. Pero no disminuyen solo con respecto al año pasado, pues en el cuadro resumen, que incluye la memoria, se observa que la inversión prevista para 2022 (4.052.444,77€, 9% del presupuesto) es inferior a la de otros años precedentes, como 2017, 2018 o 2019.
Por otro lado, el cierre del ejercicio presupuestario de 2021 ha arrojado un elevada cantidad remanente acumulada, lo cual es muestra de una notable liquidez. Si bien es cierto que parte de dicho remanente, ocho millones, se incorporará al presupuesto actual como crédito para actuaciones, sorprende que se reserve una cantidad semejante, es decir, otros ocho millones, para, según se explicó: “poder hacer frente, caso de ser necesario, a los litigios o contenciosos pasivos que tenemos pendientes”. Pensamos que el hecho de reservar tal cantidad del erario público con el fin de afrontar pleitos pendientes es un despropósito; puesto que ocho millones para contiendas superan con creces la suma de los capítulos de las inversiones reales: en estos términos se desarrolla la acción de gobierno.
No cabe duda de que el presupuesto es la principal herramienta con la que cuenta el equipo de gobierno municipal tanto para elevar el nivel de calidad de vida de sus habitantes como para favorecer el progreso de la ciudad. Sin embargo, cuando se administra con criterios, exclusivamente, empresariales, como si de un ente privado se tratase, se pierde la esencia de función pública que debe desempeñar en favor del avance social. De hecho, los presupuestos de este año han sufrido mermas en partidas como Bienestar comunitario (-0,94%), Deporte (-6,44%) o Sanidad (-10,26%), por poner algún ejemplo. Ello sin referirnos a la ineficaz administración de las viviendas sociales.
En resumidas cuentas, creemos que el equipo de gobierno no es capaz de encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad económico-financiera y la inversión en bienes y servicios. Su objetivo se limita a elaborar acciones y actuaciones a corto plazo, un proceder que podemos clasificar como “Política de Tesorería”. No apreciamos una visión política progresista de largo plazo; en nuestra opinión, se comportan como meros contables. Con este tipo de gestores al frente del Ayuntamiento, San Vicente del Raspeig está abocado a morir de éxito.
