Las instituciones españolas y mexicanas del más alto nivel comienzan a reaccionar, muy positivamente, al proyecto del alcalde Juanjo Berenguer y la familia de Rafael Altamira de repatriar los restos mortales del prestigioso humanista y jurista internacional desde el cementerio de México DF hasta el camposanto de El Campello, pueblo en el que están enterrados sus padres y al que deseaba retirarse una vez jubilado, como anunció antes de exiliarse al país centroamericano en 1944.
La primera institución en dar pasos decididos y firmes ha sido la embajada de España en México, que dirige Juan López-Dóriga Pérez, que ha encomendado al cónsul general, Manuel Hernández Ruigómez, la labor de apoyo logístico a la causa campellera.
El cónsul, como primera acción, ha localizado el certificado de la defunción de Rafael Altamira, inscrita en el Registro del Estado Civil del consulado con fecha 3 de abril de 1952, diez meses después de su fallecimiento.
Ese documento, redactado a mano, recoge a su vez el acta misma de defunción de Rafael Altamira, que se produjo exactamente a las 15:00 horas del 1 de junio de 1951, en domicilio de la capital mexicana.
El siguiente paso, encomendado también a Manuel Hernández, consistirá en la localización exacta de la sepultura del literato y su mujer en el pabellón español del cementerio de la capital mexicana, así como facilitar el contacto directo entre las autoridades mexicanas para tramitar la solicitud de repatriación de la pareja.
