Ciudadanos San Vicente ha transmitido su preocupación por las dificultades que tienen los jóvenes de nuestro municipio para abandonar el hogar familiar, emanciparse e iniciar una vida autónoma, como consecuencia de la escasez de oportunidades laborales, las perspectivas económicas, los problemas de acceso a la financiación y la presión a la que está sometido el mercado local de la vivienda.

Jordi Roig, candidato a la alcaldía de San Vicente del partido liberal, advierte que “nuestro mercado de la vivienda se encuentra influenciado por múltiples factores que actúan presionando sobre la demanda de vivienda, lo que provoca un aumento de los precios debido a la oferta limitada de vivienda”.

Desde Ciudadanos reconocen que la cercanía y las buenas comunicaciones existentes con Alicante hacen que nuestra localidad sea considerada como una alternativa habitacional viable por parte de la población alicantina, a lo que hay que añadir la demanda de vivienda de estudiantes, profesorado y personal de la Universidad de Alicante, sobre todo en régimen de alquiler, que está siendo aprovechada por inversores que adquieren las viviendas más asequibles para destinarlas al alquiler temporal.

El edil liberal reconoce que “estamos en una situación complicada para nuestros jóvenes que irá a más ya que las personas que desean residir en nuestro municipio ven limitada la disponibilidad de vivienda a aquellas que tienen precios superiores, lo que supone un mayor esfuerzo económico” y destaca que “el precio del alquiler de vivienda en San Vicente ha aumentado más de un 10 por ciento desde 2015 en un momento en el que se ha producido un incremento considerable de la carestía de la vida y un ajuste de los ingresos”.

Para abordar esta situación, desde Ciudadanos San Vicente plantean el desarrollo de una nueva normativa municipal que permita reducir los plazos de concesión de las licencias urbanísticas para agilizar la construcción de nuevas viviendas tal y como se ha llevado a cabo desde las concejalías de urbanismo encabezadas por los liberales y que han permitido reducir drásticamente los plazos de concesión de licencias urbanísticas.

Asimismo, proponen la puesta en marcha de un Plan de Vivienda Joven que garantice una solución habitacional a los menores de 35 años a precios razonables en el que habrán de involucrarse las diferentes administraciones públicas.