El acceso a una vivienda se está convirtiendo en un problema en todos los municipios de la Comunidad Valenciana. El aumento de los alquileres, la falta de viviendas púbicas o los costos hipotecarios dificultan a los jóvenes, y también a las familias, poder disponer de un lugar donde vivir dignamente.

En mayo de 2023, el Gobierno central aprobó la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda, en la que se establece algunas medidas como la regulación del precio del alquiler y el impulso de viviendas públicas. Además de otras cuestiones, como la protección frente a los desahucios, el cambio de definición de “gran propietario” o la protección al arrendatario eximiendo del pago de los honorarios a la agencia inmobiliaria, entre otros ejemplos.

Una ley que beneficia a las clases populares de nuestro país, pero que solo se puede ejecutar si la comunidad autónoma así lo decide. Y en el caso del territorio valenciano, gobernado por la derecha y la ultraderecha, ya se ha anunciado que no se va aplicar.

Ante esta negativa del gobierno de Mazón, formado por PP y VOX, y sabiendo las limitadas competencias en vivienda que tiene nuestro ayuntamiento, Esquerra Unida-Podem trasladará al Pleno del mes de abril una moción para instar al Consell de la Generalitat Valenciana a iniciar el procedimiento para ejecutar la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. Y que configure las zonas tensionadas acorde a la mencionada ley, donde se encuentra San Vicente del Raspeig por ser ciudad universitaria, y aumente la inversión en políticas de vivienda pública en los próximos presupuestos.