María Jesús Moreno – Concejala del Grupo Municipal Socialista (PSOE)

La Violencia de Género es la representación más extrema de la desigualdad entre hombres y mujeres. Es una violencia estructural que se da en todas partes del mundo. Es un atentado contra los Derechos Humanos de la mitad de la población y no hay ninguna sociedad en el mundo que esté libre de la violencia machista.

En nuestro país durante mucho, demasiado tiempo, la violencia de género estuvo confinada a la esfera privada, dentro del ámbito de las familias.  Eran los tiempos de “algo habrá hecho para que su marido no la deje salir de casa sola”, “a la mujer hay que ponerla en su sitio antes de que se tome muchas libertades” o “un tortazo a tiempo evita problemas”. “Son cosas entre marido y mujer” y ya, en el último extremo, los asesinatos eran “crímenes pasionales”. Todo pasaba de puertas para adentro y en esta invisibilización se encontraban miles y miles de mujeres, en un silencio y una ocultación en la que la intervención de los poderes públicos no se consideraba.

La aprobación de la Ley Integral de Lucha Contra la Violencia de Género el 28 de diciembre de 2004 cambió drásticamente este panorama. El próximo mes se cumplen 20 años de su aprobación, lo que dio categoría de cuestión de estado a la Violencia de Género. Ley impulsada por el Gobierno socialista y aprobada por unanimidad por todos los partidos políticos que conformaban entonces las Cortes Generales

Los y las socialistas estamos orgullosos de esta ley aprobada por iniciativa del Gobierno feminista de José Luis Rodríguez Zapatero, que convirtió la violencia de género en un problema social en el que el Estado tiene el deber de actuar para su erradicación.

Esta ley fue fruto del trabajo del gobierno socialista, pero también de todas las asociaciones feministas cuyo papel fue fundamental para que se hiciese realidad. Sociedad y poderes públicos trabajando para salvar la dignidad y la vida de las mujeres. El Estado salva vidas.

Este trabajo supuso la movilización de gran cantidad de recursos públicos, la elaboración de leyes específicas, la dotación presupuestaria y la implicación de todos los niveles de la Administración Pública.

Fundamentalmente esta ley estableció medidas de sensibilización, prevención detección de la violencia en el ámbito educativo, de la publicidad y los medios de   comunicación, así como en el ámbito sanitario.

Estableció los derechos de las mujeres víctimas de Violencia de Género: derecho a la información, a la asistencia social integrada y a la asistencia jurídica, derechos laborales y de prestaciones de la Seguridad Social, derechos económicos y a la reparación.

Se constituyó el Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, para la evaluación de la evolución de la violencia a fin de realizar informes, estudios y propuestas de actuación.

También la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, para formular las políticas públicas y coordinar las acciones a realizar.

Además, y muy importante, se establecen unidades especializadas en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para prevenir y controlar la ejecución de las medidas judiciales adoptadas. También se crean juzgados especializados para dar un mejor tratamiento a las víctimas.

Esta Ley, y actuaciones posteriores como el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de diciembre de 2017, han de funcionar a pleno rendimiento para, como dice nuestra Constitución en su artículo 15, garantizar “el derecho de todos y todas a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”. Además, continúa nuestra Carta Magna, “estos derechos vinculan a todos los poderes públicos y sólo por ley puede regularse su ejercicio”.

Queda mucho por hacer, pero no flaquearemos en el camino. NOS QUEREMOS VIVAS.