Miles de familias, además de docentes y sindicatos, también han exigido la retirada de esta iniciativa que aseguran “no garantiza el derecho de los alumnos a estudiar en valenciano”.

El pasado lunes, 23 de diciembre, la Conselleria de Educación publicaba en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), ‘de tapadillo’ en pleno período navideño, el trámite de audiencia e información pública del proyecto de orden para llevar a cabo en los colegios la consulta a las familias sobre la lengua base en la que desean que estudien sus hijos e hijas. De este modo, se daban diez días para presentar alegaciones.

Así, desde Compromís pel Campello consideran que el objetivo final de esta consulta es “arrinconar el valenciano”, lo que insisten en que es contrario a la promoción que debe tener la lengua, “tal y como está expresado en la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià”; manifiestan que con la celebración de la consulta y la aplicación de la nueva ley educativa ”no se asegura la presencia del 50% del valenciano en las aulas y se discrimina al alumnado de las zonas castellanohablantes“; opinan que la realización de la consulta en un contexto donde hay escuelas e institutos reubicados por la DANA ”imposibilita tanto que se pueda llevar a cabo la fase de información a las familias por parte de los centros educativos como garantizar espacios seguros para paliar la brecha digital“.

Además, sostienen que el resultado que se derive de la consulta “ningunea el papel de los profesionales de la educación que se esfuerzan para crear grupos donde se contemplan razones de género, de procedencia y de necesidades educativas”.

Movilizaciones contra Rovira

Las políticas educativas del Partido Popular han provocado ya diversas movilizaciones en las que la comunidad educativa ha exigido la dimisión de José Antonio Rovira, la última de ellas el pasado 23 de noviembre, y la primera, la huelga general educativa convocada el pasado 23 de mayo. Tanto familias como docentes se han manifestado reiteradamente en contra de medidas como la llamada ley de ‘libertad’ educativa, que incluso ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional. El alto tribunal admitió a trámite el recurso presentado contra esta norma por parte de Compromís.