El grupo municipal socialista de San Vicente ha presentado en la sala 3º del Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana un recurso a la recientemente aprobada nueva ordenanza de basura de PP y Vox. El registro se hizo el pasado lunes, 3 de febrero, después de que el equipo de gobierno aprobase la subida “injusta” y “antisocial” del nuevo recibo tras rechazar las alegaciones presentadas por la oposición.
Durante la sesión en la que se aprobó de manera definitiva el texto, los socialistas tacharon la ordenanza de “desproporcionada”, pues suponía un aumento del 120% de media en el municipio, lo que evidenciaba una “falta clara de trabajo político” por parte del equipo de gobierno de Pachi Pascual. “Todas las alegaciones eran viables desde el punto de vista técnico, y aun así las descartaron”, recuerda el PSOE.
De esta forma, los socialistas señalan que el grupo municipal ha interpuesto un recurso Contencioso-Administrativo debido a que la ordenanza no cumple con los principios esenciales de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. En particular, el principio de «quien contamina paga» que tan presente está en este texto.
Igualmente, consideran que la ordenanza no establece ningún mecanismo para diferenciar entre quienes generan menos residuos y quienes no lo hacen. Esto supone un agravio comparativo para los ciudadanos y empresas responsables y concienciadas, que terminan pagando por la gestión de residuos generados por otros, que ni se preocupan por reducir el impacto ambiental ni cumplen la Ley.
“Es inaceptable que este equipo de gobierno, integrado por PP y Vox, premie a quienes contaminan más y perjudique a quienes cumplen con el espíritu la normativa. La ordenanza es injusta y contraviene los principios de la Ley de Suelos Contaminados, que busca responsabilizar a cada uno por los residuos que genera”, sostiene el PSOE.
Asimismo, remarcan que la ordenanza apenas contempla criterios de capacidad económica para determinar la cuantía de la tasa, conforme establece la Ley de Haciendas Locales, y esto supone una discriminación para las personas con menos recursos, que terminan pagando la misma tasa que quienes tienen mayor capacidad económica. La misma discriminación que encontramos en la determinación del pago de la tasa en las zonas de Los Manchegos, El Tubo y otras urbanizaciones, tal y como recogimos en nuestras alegaciones.
OCHO ALEGACIONES
El PSOE presentó un total de ocho alegaciones, resumidas en cuatro apartados, que comprendían desde una tasa básica fija conforme al consumo del suministro de agua para uso doméstico, excepciones en el pago de la tasa para familias en riesgo de exclusión social o de vulnerabilidad, reducciones de hasta el 15% de la tasa para personas que hagan uso del ecoparque, tanto el fijo como el móvil, hasta que los barrios de El Tubo y Los Manchegos para que las zonas sean reconocidas como urbanas, y no industriales, entre otras.
