Acusaciones cruzadas entre el Ayuntamiento y el PSOE

La campaña de Bonos Consumo llevada a cabo en Sant Joan d’Alacant entre el 31 de octubre y el 1 de diciembre de 2024 ha generado una fuerte controversia tras la sospecha de que concejales del PSOE hayan hecho uso de estos bonos, lo que podría contravenir la Ley de Subvenciones. La situación ha derivado en un cruce de acusaciones entre el equipo de gobierno municipal y la oposición socialista.

Polémica en Sant Joan por el uso de los Bonos Consumo. El Ayuntamiento de Sant Joan ha comunicado que un comercio participante en la campaña de Bonos Consumo alertó sobre la utilización de estos descuentos por parte de miembros de la corporación municipal. En respuesta a esta denuncia, el alcalde Santiago Román emitió una providencia el pasado 27 de febrero, otorgando un plazo hasta el 13 de marzo para que los grupos políticos municipales informaran si alguno de sus integrantes había adquirido estos bonos. Según la versión del consistorio, los grupos municipales del PP, Vox y Compromís han confirmado que ninguno de sus concejales hizo uso del programa, por lo que todas las sospechas recaen sobre ediles del PSOE, quienes no han desmentido su participación en la iniciativa.

Desde el Ayuntamiento se remiten a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS), que establece en su artículo 13.2 que los cargos electos no pueden ser beneficiarios de subvenciones, salvo que la normativa específica lo permita. Sin embargo, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), a la que remite la LGS para determinar incompatibilidades de los cargos electos locales, no menciona explícitamente la percepción de subvenciones. Esta ambigüedad legal podría ser clave en la resolución del conflicto.

Por su parte, el PSOE de Sant Joan ha denunciado lo que considera una estrategia de distracción por parte del equipo de gobierno. Según la formación socialista, el Ayuntamiento estaría intentando desviar la atención de un posible uso irregular de los Bonos Consumo por parte de concejales del PP en ediciones anteriores. Desde el PSOE se ha cuestionado la legalidad de la petición de información formulada por el alcalde, señalando que cualquier investigación debería realizarse mediante el procedimiento administrativo correspondiente y no a través de requerimientos arbitrarios.

El Grupo Municipal Socialista ha insistido en que cualquier concejal que haya accedido a los Bonos Consumo lo ha hecho en igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos, respetando los requisitos establecidos en la convocatoria. Además, ha reclamado que si el objetivo es esclarecer los hechos, la investigación debería abarcar todas las ediciones del programa desde 2021, dado que en campañas anteriores algunos concejales del PP podrían haber adquirido estos bonos, incluso teniendo comercios adheridos al programa, lo que podría haberles supuesto un beneficio económico directo.

Otra de las cuestiones planteadas por el PSOE es la falta de pruebas sobre la supuesta denuncia presentada por un comercio. Según la formación socialista, el equipo de gobierno no ha aportado evidencias de que exista realmente una queja formal que justificara la providencia del alcalde.

En este contexto de tensión política, el PSOE también ha cuestionado las prioridades del gobierno municipal, señalando que está más preocupado por atacar a la oposición que por abordar otros asuntos de interés público, como la investigación de la Agencia Valenciana Antifraude sobre Facpyme, la entidad encargada de gestionar los Bonos Consumo en Sant Joan.

El PSOE ha manifestado su disposición a colaborar con cualquier investigación, siempre que esta se lleve a cabo conforme a la legislación vigente y sin sesgos políticos. No obstante, advierte que vigilará que el proceso no se convierta en una herramienta de persecución política y que se extienda a todos los posibles beneficiarios, incluidos los ediles del PP que podrían haber participado en anteriores ediciones del programa.

La controversia en torno a los Bonos Consumo de Sant Joan sigue abierta y podría escalar en los próximos días, a medida que se determinen las posibles implicaciones legales del caso y se aclaren las responsabilidades de los diferentes actores implicados.