Begoña Monllor Arellano y Raquel Rodríguez Llorca. Àrea d’Educació EU Raspeig

La Conselleria de Educación, bajo el mandato de José Antonio Rovira, ha iniciado una serie de medidas que suponen un grave retroceso en el modelo educativo valenciano, atacando directamente los principios de equidad y defensa de nuestra lengua. Resulta urgente denunciar estas políticas que no solo responden a una ideología conservadora, sino que además evidencian un claro desprecio por la educación pública y por el papel integrador del valenciano.

La más alarmante de estas medidas es, sin duda, la consulta a las familias sobre la lengua base de enseñanza de sus hijos. Lo que podría parecer una ampliación de derechos, es en realidad una estrategia calculada para debilitar la presencia del valenciano en el sistema educativo. La lengua no es simplemente una herramienta de comunicación, sino un pilar fundamental de identidad colectiva y riqueza cultural. Permitir que se imponga la voluntad individual sobre un proyecto común de normalización lingüística es, en la práctica, institucionalizar la marginación del valenciano.

Desde Esquerra Unida Raspeig, no podemos aceptar que se diluya el compromiso institucional con el valenciano bajo el disfraz de la neutralidad. No hay neutralidad cuando una lengua parte en clara desventaja. Solo con políticas activas de promoción y protección del valenciano podremos garantizar su futuro como lengua viva en las aulas, en la administración y en la calle.

Otra medida que evidencia el rasgo elitista del actual Conseller es la implantación de las becas GV Talent, que premian al mejor estudiante de cada grado y de cada curso en todas las universidades, públicas y privadas, de la Comunitat Valenciana. Aunque a primera vista parezca una iniciativa para incentivar la excelencia, su diseño refuerza las desigualdades estructurales del sistema. ¿Desde cuándo es función del dinero público premiar a quienes ya parten con más recursos?

La inclusión de universidades privadas en este programa es especialmente escandalosa. La Comunidad Valenciana tiene la obligación de garantizar el derecho a una educación pública, gratuita y de calidad para todos y todas. Becar a estudiantes de centros privados con dinero público significa desviar fondos que deberían reforzar las plantillas, infraestructuras y programas de apoyo en la universidad pública. Es, en definitiva, subvencionar la desigualdad.

Desde una perspectiva de justicia social, las becas deben tener un carácter redistributivo: priorizar el acceso, la permanencia y el éxito académico de los estudiantes con menos recursos. En cambio, las GV Talent promueven una meritocracia falsa, que ignora las profundas desigualdades de origen que condicionan el rendimiento académico. No es justo premiar con dinero público al que tuvo más facilidades para triunfar.

Las políticas de Rovira nos dibujan un modelo educativo excluyente: más preocupado por los privilegios que por los derechos, más centrado en contentar a los sectores conservadores que en avanzar hacia una sociedad más justa e igualitaria. Ante esta ofensiva, Esquerra Unida Raspeig reivindica la educación pública como garante de igualdad de oportunidades y el valenciano como lengua propia y común de nuestro pueblo.