La decisión de concejales electos bajo unas siglas partidarias del PSOE en El Campello de abandonar ese marco y continuar su mandato como no adscritos plantea interrogantes relevantes desde la teoría política, la legitimidad democrática y la praxis institucional.

En los sistemas representativos modernos como el español, el acta pertenece jurídicamente al cargo, no al partido, lo que responde al principio del mandato libre. Sin embargo, desde una perspectiva normativa, la ciudadanía no vota personas en abstracto, sino listas avaladas por un proyecto político. El voto está mediado por siglas, ideología y programa. La tensión entre la legalidad y la legitimidad se manifiesta aquí: lo legal es conservar el acta; lo legítimo, su renuncia si se rompe el vínculo con la organización o partido que le presentó en las listas electorales ( cerradas y bloqueadas por lo que el voto no puede ni debe asignarse personalmente a ningún candidato o candidata).

Respecto al valor simbólico del acta y la lealtad al electorado, la renuncia a la disciplina del partido puede ser interpretada como un acto de autonomía o como una deslealtad. Pero lo que sí parece claro, es que el paso al grupo de no adscritos debilita la representación , ya que los concejales dejan de responder ante una estructura organizativa .

En términos politológicos, este movimiento puede calificarse como una individualización del poder representativo, lo que socava la intermediación colectiva que los partidos ejercen en la democracia parlamentaria.

La decisión de dos concejales de pasar al grupo de no adscritos, portando consigo el acta obtenida bajo unas siglas, evidencia la fragilidad de ciertos mecanismos representativos en los niveles locales. La tensión entre legalidad y legitimidad, entre autonomía personal y fidelidad colectiva, entre derechos individuales y mandatos programáticos, refleja desafíos estructurales para la democracia de partidos. El sistema puede tolerarlo, pero la democracia no siempre lo resiste sin perder calidad.