La Audiencia Provincial de Alicante ha estimado el recurso de apelación presentado por el exalcalde socialista de San Vicente del Raspeig, Jesús Villar, y ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa por la prórroga forzosa del contrato de mantenimiento de zonas verdes, una decisión que le libra definitivamente de sentarse en el banquillo.

El auto, fechado el 8 de enero y ya firme al no caber recurso alguno, revoca la decisión previa del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de San Vicente, que había rechazado el recurso de reforma y abría la puerta a la celebración de juicio oral.

La investigación se centraba en varias prórrogas del contrato de zonas verdes acordadas durante el mandato de Villar, pese a informes desfavorables de Contratación y Secretaría, en un contexto marcado por el estado de alarma y la pandemia de la COVID-19.

Sin favorecimiento ni perjuicio para el Ayuntamiento

La Sección Décima de la Audiencia Provincial es clara al señalar que no se aprecia voluntad de favorecimiento a ninguna empresa ni perjuicio económico para el Ayuntamiento. De hecho, el tribunal subraya que la propia acusación nunca llamó al procedimiento a la empresa adjudicataria, un elemento que refuerza la inexistencia de beneficio indebido a terceros.

En su resolución, la Audiencia también desmonta las hipótesis de un supuesto acuerdo entre el entonces alcalde y la contratista para obtener ventajas económicas, al considerar que ese escenario no se sostiene y que, además, cualquier resolución judicial era incierta e imprevisible.

Contexto excepcional y actuación razonable

Uno de los aspectos clave del auto es el peso que se da al contexto excepcional de la pandemia. La Audiencia recuerda que las sentencias dictadas en la jurisdicción contencioso-administrativa —tanto en primera instancia como posteriormente por el Tribunal Superior de Justicia—, aunque declararon la nulidad de parte del contenido obligacional del contrato, reconocieron que la actuación municipal fue razonable dadas las circunstancias extraordinarias de la COVID-19 y la necesidad de garantizar la continuidad de los servicios públicos.

El tribunal considera que se actuó en un escenario jurídicamente incierto, marcado por una causa de fuerza mayor, lo que elimina la posibilidad de apreciar dolo o intencionalidad delictiva.

Críticas a la actuación del letrado municipal

Otro punto relevante que recoge el auto, y que ha destacado el propio Jesús Villar, es la contradicción apreciada en la actuación del letrado municipal que presentó la denuncia. La Audiencia ve llamativo que el mismo abogado defendiera previamente la corrección del acto administrativo en sede contenciosa y, posteriormente, denunciara los hechos en el ámbito penal sin una justificación clara de ese cambio de criterio.

También quedan exonerados los concejales

La decisión de la Audiencia Provincial no solo afecta a Villar, sino que también exonera a los concejales de Contratación de aquel momento, Jesús Arenas —en las dos primeras prórrogas— y Guillermo García —en la tercera—, que igualmente estaban investigados.

“Se cierra un proceso muy duro”

Tras conocerse la resolución, Jesús Villar ha expresado su satisfacción por el archivo definitivo del procedimiento. “Es una alegría enorme. Se cierra un proceso muy duro en el que siempre supe que había actuado correctamente”, ha señalado.

La Fiscalía había llegado a solicitar 14 años de inhabilitación para empleo o cargo público, mientras que la acusación particular pedía penas de prisión e inhabilitación absoluta. Con este auto firme, todas esas peticiones quedan sin efecto.

El archivo de la causa despeja también el horizonte político del exalcalde, actualmente concejal en el Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, donde el grupo socialista está liderado por Asun París. Villar, no obstante, ha evitado pronunciarse sobre posibles escenarios futuros: “No es el momento. Lo importante es que no habrá juicio y que se ha demostrado que no hubo delito”