El pasado 29 de enero, el municipio de El Campello dio un paso atrás grave y consciente en su compromiso con la igualdad, la salud y la erradicación de la violencia machista. No fue un error ni una mala gestión, sino una decisión política premeditada, adoptada por una mayoría formada por VOX y el Partido Popular. Una decisión que muestra con nitidez hasta qué punto ambos están dispuestos a sacrificar derechos, salud y vidas a cambio de acuerdos coyunturales basados en intereses mercantilistas, completamente ajenos al bienestar de la población, aun sabiendo que esos acuerdos implican un perjuicio directo, evitable y sostenido para la salud de las vecinas y vecinos a quienes dicen representar.
En primer lugar, los cuatro grupos de la oposición —PSOE, Compromís, Esquerra Unida y Per el Campello— presentaron una moción para impedir la autorización de la ampliación del vertedero de Les Canyades, con el apoyo explícito del tejido asociativo de El Campello que asistió al pleno. Sin embargo, esa moción fue rechazada con los votos en contra del Partido Popular y VOX, lo que supuso de facto dar vía libre a la ampliación del vertedero. No fue una derrota circunstancial, sino la consecuencia de una decisión previamente pactada entre ambos grupos. El resultado es el mismo, es decir, la población de la zona norte queda condenada, una vez más, a convivir con un foco permanente de impacto ambiental y sanitario. Enfermedades físicas, malestar psicológico, deterioro del entorno y sensación de abandono institucional no son daños colaterales, sino consecuencias previsibles y conocidas que se han decidido asumir. Aquí no hubo defensa de la salud pública ni del bienestar comunitario por parte de quienes gobiernan. Hubo un acuerdo cerrado y una complicidad política consciente en contra de la ciudadanía y a favor de intereses económicos y empresariales.
Pero la desfachatez llegó inmediatamente después. En el mismo pleno se aprobó una segunda moción que modifica de forma efectiva el acto institucional de recuerdo a las mujeres asesinadas por violencia machista, incorporando de manera indiscriminada a otras víctimas de violencia intrafamiliar. No se trata de un gesto simbólico ni de una ampliación bienintencionada, sino de una alteración consciente del significado político y social de ese acto. Una decisión presentada falsamente como inclusiva, pero que persigue diluir y desactivar el reconocimiento específico de una violencia estructural que mata a las mujeres por el hecho de serlo. Nadie explicó cómo se identificarán esas supuestas nuevas víctimas, con qué criterios ni con qué fuentes oficiales, porque no existen. En cambio, sí existe un sistema riguroso, contrastado y oficial para el registro de las víctimas de violencia machista. Por tanto, no estamos ante un problema técnico ni administrativo, sino ante una operación política deliberada de negación y banalización del machismo como causa de muerte.
El objetivo es inequívoco, diluir el mensaje de que el machismo mata y desdibujar una violencia estructural, sistemática y basada en la desigualdad de género, equiparándola interesadamente a otras violencias para negar su raíz y su especificidad. Es el mismo negacionismo que cuestiona la desigualdad, deslegitima las políticas de protección y banaliza el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres. Un negacionismo impulsado activamente por el discurso de VOX y asumido, normalizado y hecho propio por el Partido Popular, que lejos de poner límites lo legitima institucionalmente. Las consecuencias de este relato son claras, está calando entre sectores cada vez más jóvenes de la población, alimentando la desinformación y erosionando los consensos democráticos básicos sobre igualdad y derechos.
La secuencia no deja lugar a dudas: el Partido Popular asumió conscientemente el precio político exigido por VOX. Bloquear la moción que pretendía impedir la ampliación del vertedero y, a continuación, respaldar la propuesta de VOX sobre el acto institucional contra la violencia machista. Un trueque indecente, explícito y premeditado. Salud pública y memoria de las víctimas convertidas en moneda de cambio en un pleno municipal. Así se degrada la política. Así se vacían de contenido palabras como justicia, igualdad o derechos.
Desde la Plataforma Violeta lo decimos con claridad. Esto no va de votos, va de vidas. Va de la libertad de nuestras hijas, de la dignidad de las mujeres, de la responsabilidad de las instituciones y del derecho a vivir en un municipio que no negocie con el machismo ni con la enfermedad. Callar, diluir o relativizar la violencia machista no es neutralidad, es tomar partido. Y las consecuencias las pagan siempre las mismas.
