Los socialistas denuncian silencio y opacidad del gobierno de Santiago Román y exigen responsabilidades ante posibles irregularidades en la comercialización de viviendas protegidas
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Sant Joan d’Alacant ha solicitado formalmente la convocatoria de un pleno extraordinario de fiscalización ante la inacción del equipo de gobierno del Partido Popular en relación con el proceso de adjudicación y comercialización de viviendas protegidas en el sector Nou Nazaret.
Según explican los socialistas, esta decisión se adopta como último recurso institucional tras un mes sin explicaciones públicas ni comparecencias políticas, pese a la gravedad de los hechos denunciados y al creciente número de reclamaciones ciudadanas registradas en el Ayuntamiento.
Además, el Partido Socialista recuerda que, en la rueda de prensa ofrecida la semana siguiente a conocerse los hechos, se puso a disposición de cualquier ciudadano o ciudadana que careciera de información o necesitara asesoramiento. Desde entonces —señalan— son muchas las quejas trasladadas por vecinos y vecinas ante lo sucedido, una situación que, a su juicio, exige respuestas inmediatas por parte del gobierno municipal.
La portavoz del PSOE en Sant Joan, Esther Donate, ha sido contundente al justificar la decisión, “ha pasado un mes desde que tuvimos conocimiento de este caso y, durante todo este tiempo, el gobierno municipal no ha ofrecido ni una sola explicación clara a la ciudadanía. Cuando hablamos de vivienda pública, el silencio no es una opción. Ante un caso así la concejala de vivienda no puede estar un mes sin declarar nada.”
Un mes sin respuestas ni comparecencias
El Grupo Socialista recuerda que desde el primer momento ha insistido en la necesidad de abordar el asunto con la máxima transparencia institucional y ha solicitado reiteradamente la comparecencia de la concejala responsable del área de Vivienda, Charo Tomás, que no ha realizado ninguna declaración pública en todo este periodo.
Además, los socialistas han presentado alegaciones formales al procedimiento administrativo iniciado por el Ayuntamiento y han exigido la creación de una comisión de investigación que permita esclarecer los hechos, con la participación de todos los grupos políticos, técnicos municipales, la empresa promotora y la comercializadora.
“No estamos ante un asunto menor. Estamos hablando de viviendas protegidas, de dinero entregado por personas, que ahora mismo están desprotegidas, y de un proceso que debe ser absolutamente transparente. Lo mínimo que se puede exigir es dar la cara y explicar qué ha ocurrido”, ha señalado Donate.
Posibles irregularidades en la comercialización de viviendas protegidas
Entre las cuestiones que han generado mayor preocupación, el PSOE señala que se habrían producido reservas de viviendas y entregas de cantidades de 1750 euros a cuenta antes de la formalización del contrato y de la obtención de las autorizaciones administrativas necesarias, lo que podría suponer un incumplimiento del régimen jurídico aplicable a las viviendas de protección pública.
Asimismo, se ha constatado que algunas viviendas habrían sido publicitadas como segunda residencia, una circunstancia incompatible con la finalidad social de este tipo de promociones.
“Como ya advertimos tras ser conocedores por un vecino, aunque la empresa lo haya negado, es una realidad que lo publicitaba como segunda residencia. Incluso en la documentación que la propia empresa ha aportado al Ayuntamiento aparece esta publicidad”, asegura Donate.
Estas actuaciones podrían vulnerar la normativa autonómica en materia de vivienda protegida y comercialización de viviendas en construcción, lo que obliga —según los socialistas— a una supervisión estricta por parte del Ayuntamiento como órgano de contratación y garante del interés público.
El pleno extraordinario, último recurso para exigir explicaciones
Ante la falta de respuestas políticas y administrativas, el PSOE ha registrado la solicitud de un pleno extraordinario con el objetivo de que la concejala de Vivienda comparezca públicamente y el gobierno municipal dé explicaciones detalladas sobre la gestión del proceso.
“Hemos agotado todas las vías. Hemos pedido información, hemos presentado alegaciones, hemos solicitado una comisión de investigación, hemos pedido la lista con nombres y apellidos de las personas que reservaron y hemos esperado respuestas. ¿Y que han hecho ellos? Nada. La única herramienta que nos queda ahora es obligar al gobierno a dar explicaciones en un pleno extraordinario”, ha afirmado la portavoz socialista.
No obstante, el grupo municipal ha dejado abierta la puerta a retirar la solicitud si el alcalde actúa antes de que expire el plazo legal de 15 días para la convocatoria del pleno.
Condición clara: una comisión de investigación con toda la información
El PSOE ha advertido que retirará la solicitud del pleno extraordinario si el alcalde convoca de forma inmediata una comisión de investigación real y efectiva, con acceso a toda la documentación y con la participación de los grupos de la oposición.
“Si el alcalde convoca una comisión de investigación transparente, con toda la información encima de la mesa, no tendremos ningún problema en retirar el pleno. Lo que queremos no es ruido político, sino transparencia, responsabilidades y garantías para la ciudadanía”, ha concluido Esther Donate.
Contexto del expediente
La parcela municipal RC1-7(A), situada en el sector Nou Nazaret y destinada a la construcción de viviendas de protección pública, fue adjudicada en diciembre de 2025 tras un proceso de licitación pública iniciado en 2023. Desde entonces, se han registrado recursos administrativos y reclamaciones ciudadanas que apuntan a posibles irregularidades en la comercialización previa de las viviendas.
El PSOE insiste en que el Ayuntamiento, como órgano responsable del proceso, debe garantizar el cumplimiento de la legalidad y la defensa del interés público en una materia tan sensible como el acceso a la vivienda protegida.
