Raquel Rodríguez Llorca y Begoña Monllor Arellano, militantes de EU Raspeig
Hay días en los que una se levanta con el alma en un puño. No tanto por las noticias, que ya hace tiempo dejaron de sorprendernos, sino por la sensación de estar asistiendo, con rabia e impotencia, al desmontaje sistemático de los avances democráticos, sociales y feministas que tanto costaron conquistar.
Desde que el PP valenciano decidió abrir de par en par las puertas del gobierno autonómico a la extrema derecha, el Pais Valencià se ha convertido en un laboratorio del retroceso. Lo vimos con su negacionismo climático, con su desprecio al valenciano, y ahora lo vemos con otras medidas tan delirantes como peligrosas: la diferenciación de migrantes en las estadísticas públicas y la eliminación de comisiones clave en Les Corts.
El primer acuerdo infame entre PP y Vox propone “diferenciar” en las estadísticas valencianas entre población nacional y migrante. En teoría, dicen, para conocer la “aportación de cada grupo” al Estado del bienestar. En la práctica, es un intento descarado de señalar, dividir y alimentar prejuicios. Quieren estadísticas “sobre el absentismo laboral” o sobre “el uso del servicio de urgencia” e incluso sobre los donantes de sangre ¿De verdad van a hacer listas de donantes de sangre? ¿Con qué fin? ¿Para que podamos elegir qué sangre queremos que nos salve la vida?
Hablar de “contribución” según el lugar de nacimiento no es un ejercicio técnico, sino político. Y profundamente racista. La Constitución Española, en su artículo 14, lo deja claro: “Sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza o cualquier otra condición.”
Mazón y los suyos pretenden vestir de rigor estadístico lo que no es más que una maniobra de exclusión. Lo siguiente será clasificar a la población entre “los que aportan” y “los que gastan”, como si la dignidad humana pudiera medirse en euros o en urgencias médicas.
El segundo bloque del pacto Mazón-Vox es aún más siniestro. Quieren modificar el reglamento de Les Corts para eliminar la comisión LGTBI, suprimir la de Derechos Humanos y la de Participación Ciudadana, y rebautizarlo todo bajo un rancio paraguas de “Familia, Política Social e Igualdad”.
Dicen que “integran”, pero en realidad borran. Borran identidades, borran luchas, borran décadas de conquistas sociales. Lo mismo hace con el lenguaje inclusivo, sustituyéndolo por el “recomendado por la RAE”, esa institución que todavía debate si las mujeres pueden ser “juezas” o si decir “todos y todas” hiere los oídos de los machitos. El lenguaje importa. Lo que no se nombra, no existe. Y lo que se borra, se olvida.
Eliminar la comisión de Derechos Humanos es un insulto a la democracia. Y suprimir la de Participación Ciudadana, una confesión: quien teme la voz del pueblo es porque no tiene nada que ofrecerle. Ese mismo Mazón que desapareció durante la DANA, mientras la Comunitat se inundaba, y lleva a sus espaldas 229 muertos, hoy sigue escondido, pero tras los muros del fascismo más rancio.
Esto no va de comisiones ni de estadísticas. Va del modelo de sociedad que queremos. Mazón ha vendido el alma del País Valencià a los ultras, y lo ha hecho por algo tan miserable como conservar su sillón. Pero que no se equivoque, el pueblo valenciano tiene memoria. Y desde la izquierda, desde EU Raspeig y desde el feminismo seguiremos recordándole que no todo se compra ni se vende. Ni la dignidad, ni los derechos, ni la libertad.
