
Parece ser que en El Campello este año celebramos la Constitución Española por todo lo alto: juegos infantiles, actividades familiares, discursos institucionales, fotos oficiales… y una mascletà digna de un día grande de Fallas. Todo perfecto, todo hermoso… salvo por un pequeño detalle: la Constitución que el Ayuntamiento dice conmemorar no es exactamente la misma que nos aplican a los concejales no adscritos.
Mientras en el escenario se hablará (con voz solemne) de derechos, igualdad, democracia y libertad, la realidad diaria es bastante más pintoresca. Tan pintoresca como que dos concejales electos no tenemos ni oficina, ni mesa, ni silla, ni ordenador, ni acceso desde la red municipal, ni el más mínimo medio para trabajar. Y cuando digo “ningún medio”, no exagero: si queremos atender a un vecino debemos sentarnos en un banco de la plaza o buscar un hueco en un bar, esperando que nadie alrededor esté escuchando temas sensibles. Muy constitucional todo.
Lo paradójico es que esto no es nuevo en El Campello. Ya en 2019, el gobierno local decidió que la oposición debía salir del Ayuntamiento. Y nos envió, a todos, al edificio de la Biblioteca Municipal. Allí estuvimos años… hasta que un día nos quitaron las llaves. ¡Literalmente! A partir de entonces, si queríamos acceder al despacho que teóricamente era “nuestro”, había que llamar a la Policía Local para que nos abriera, nos encerrara dentro, y regresara a liberarnos cuando hubiéramos terminado. Un concepto moderno de “puertas abiertas”, supongo.
Pero volvamos a lo de ahora, que aún es mejor. Actualmente todos los concejales de la oposición siguen en la Biblioteca, menos los no adscritos. Nosotros no tenemos ni Biblioteca, ni Ayuntamiento, ni local alternativo, ni nada. Somos los concejales sin domicilio institucional conocido. Una especie nueva dentro de la fauna política: el edil nómada.
Y aquí llega la parte más irónica de todas. El Ayuntamiento asegura ante el Síndic de Greuges que no pasa nada, que estamos “en plenitud de funciones”. Al parecer, ejercer un cargo público consiste en leerse expedientes desde el salón de casa, redactar informes en el portátil personal y mantener reuniones con vecinos bajo una farola o entre dos cafés.
En resumen: la Constitución sirve para organizar fiestas, pero no para garantizar que todos los representantes elegidos por la ciudadanía puedan trabajar en condiciones dignas.
Y esto tiene consecuencias reales.
Porque mientras el Ayuntamiento presume de actividades infantiles por el Día de la Constitución, a nosotros no se nos informa ni de los actos municipales. Nos enteramos tarde, por las redes sociales, o por terceros. Pero claro, luego se exige que también informemos a nuestras familias, vecinos y simpatizantes… algo difícil sin medios, sin espacio y sin información.
La Constitución que se celebra estos días habla de igualdad, participación política, acceso a la información y ejercicio en condiciones dignas del cargo público. La Constitución que se aplica a los concejales no adscritos, en cambio, es la versión “recortada”: sin derechos materiales, sin acceso, sin espacio y sin la mínima consideración institucional.
Quizá por eso este año, mientras resuena la mascletà conmemorativa (esa celebración de la libertad y la democracia), yo solo puedo pensar que la pólvora es lo único que aquí tratan por igual: porque para el resto, parece que la igualdad constitucional es cosa de unos pocos.