Alberto Beviá Orts, concejal de Esquerra Unida por el Grupo Municipal Esquerra Unida-Podem
Cada vez que se pregunta a VOX y al PP de San Vicente del Raspeig por la nueva ordenanza de la basura, la respuesta es siempre la misma: “la ley nos obliga”, “Europa lo exige”. Una y otra vez. Como si repetirlo bastara para cerrar cualquier debate político, social o económico.
Y no es casualidad. Insistir en la legalidad es su principal escudo. Apelar a la ley les permite evitar explicar decisiones impopulares y trasladar la responsabilidad fuera del Ayuntamiento. Si “Europa obliga”, el gobierno municipal solo estaría cumpliendo órdenes. Es el argumento más cómodo cuando no se quiere justificar una subida que afecta directamente al bolsillo de los vecinos.
Para VOX y el PP, Europa funciona como una coartada perfecta. Está lejos, no puede responder y no exige explicar por qué en San Vicente el recibo de la basura se dispara mucho más que en otros municipios. Tampoco obliga a comparar este modelo con el de ayuntamientos cercanos que han aplicado subidas más graduales, más equilibradas o socialmente más justas.
Más allá de la legalidad, la gestión municipal deja demasiadas preguntas sin responder. Nadie ha explicado por qué el contrato de recogida y tratamiento de residuos se encarece en casi dos millones de euros sin que eso se traduzca en más personal ni en una mejora visible del servicio. Tampoco se ofrecen alternativas al sobrecoste del vertedero derivado de seguir enviando los residuos mezclados, cuando una gestión más eficiente permitiría reducir gastos. La planta de transferencia, una infraestructura clave para abaratar directamente el recibo de la basura, sigue sin ponerse en marcha. Y San Vicente continúa sin un Programa de Gestión de Residuos que permita planificar, ordenar y optimizar el sistema a medio y largo plazo. Ante esta ausencia de explicaciones y de planificación, el gobierno municipal se refugia en la ley.
Esquerra Unida no discute la legalidad de la ordenanza. Lo que se pone en cuestión es la forma en que el gobierno municipal ha decidido aplicarla en San Vicente del Raspeig. Europa no impone ignorar la capacidad económica de las familias, ni el número de personas que viven en cada vivienda. Tampoco obliga a renunciar a infraestructuras que permitirían reducir costes y mejorar el servicio. Eso no es Europa. Son decisiones políticas adoptadas por VOX y el PP.
Cumplir la ley no puede convertirse en la excusa para aplicar la subida máxima posible y trasladar toda la ineficiencia de la gestión directamente al bolsillo de los vecinos.
Europa marca el marco. Pero el hachazo lo han decidido el PP y sus socios de VOX. Duplicar el recibo de la basura no es una imposición europea. Es una decisión política tomada aquí.
