La historia española ofrece un patrón que se repite con una fidelidad casi trágica: cada vez que la sociedad avanza un milímetro hacia la ampliación de derechos, surge un bloque reaccionario dispuesto a revertirlo en nombre de una supuesta “esencia nacional” que, curiosamente, siempre coincide con los intereses de los de siempre. No es una anomalía reciente: es una constante histórica.

Desde el absolutismo restaurado por Fernando VII (cuya figura simboliza como pocas la alianza entre trono, altar y privilegio) hasta la corrupción que rodeó a Isabel II y la regencia de María Cristina, pasando por la Restauración borbónica y el apoyo explícito de Alfonso XIII a aventuras golpistas, la reacción ha actuado como un freno sistemático a cualquier intento de modernización social. No se trataba solo de conservar un orden político, sino de blindar un modelo económico y social profundamente desigual.

En cada uno de esos momentos, la retórica fue la misma: “España” estaba en peligro. Y, en nombre de esa España abstracta, se justificaba la represión de libertades, la persecución del movimiento obrero, la censura y la violencia institucional. El enemigo, siempre, era quien pretendía democratizar la riqueza, ampliar derechos o cuestionar la jerarquía social.

El grito de “vivan las cadenas” dirigido al monarca absolutista en el siglo XIX se ha convertido en un símbolo de cómo sectores populares pueden ser movilizados contra sus propios intereses. Entonces, la ignorancia era hija de la falta de acceso a la educación, de la miseria y de la manipulación directa de quienes controlaban la palabra escrita. Hoy, sin embargo, la situación es más inquietante. La información está al alcance de cualquiera, pero la desinformación también. Y quienes históricamente han defendido privilegios han encontrado nuevas herramientas: canales de televisión alineados con sus intereses y financiados con dinero público, plataformas digitales convertidas en altavoces de bulos e intoxicación, y una maquinaria comunicativa que explota el miedo, la frustración y la precariedad.

La paradoja creo que es clara: personas que dependen de derechos laborales, servicios públicos y políticas redistributivas aplauden discursos que buscan desmantelar precisamente esas garantías. No porque carezcan de medios para informarse, sino porque la batalla cultural ha logrado instalar un relato donde la desigualdad se presenta como libertad y la protección social como amenaza.

El discurso reaccionario no es una reliquia del pasado: es un proyecto político plenamente vigente que se adapta a cada época. Antes se apoyaba en púlpitos y gacetas; hoy lo hace en tertulias televisivas y campañas virales. Pero su objetivo permanece intacto: impedir que la mayoría social conquiste más derechos, más bienestar y más capacidad de decisión.

La crudeza del presente no reside solo en la persistencia de ese proyecto, sino en su capacidad para movilizar a sectores que, objetivamente, serían sus principales damnificados. La voluntad de ignorar (alimentada por la saturación informativa, la polarización y la manipulación emocional) se ha convertido en un arma poderosa.

España no está atrapada en un bucle histórico por casualidad. Lo está porque las élites que siempre han temido la democratización real han sabido reinventarse, y porque una parte de la sociedad ha preferido abrazar relatos simplistas antes que enfrentarse a la complejidad de sus propios intereses.

La historia demuestra que los avances sociales nunca han sido regalos, sino conquistas. Y también demuestra que siempre han tenido enfrente a quienes, en nombre de una patria abstracta, han defendido un orden profundamente injusto. La pregunta que personalmente me hago y que me gustaría que otros también se hicieran es, si la sociedad actual será capaz de romper ese ciclo o si, una vez más, se escuchará el eco resignado de aquel viejo grito: “vivan las cadenas”. Porque la reacción no solo se expresa en las instituciones o en los grandes discursos: también se manifiesta en la persecución sistemática de cualquier voz que cuestione sus dogmas. El acoso organizado que sectores ultras han dirigido contra Héctor de Miguel y el programa Hora Veintipico es un ejemplo de esa misma pulsión autoritaria que, desde hace siglos, intenta silenciar la crítica, intimidar al humor incómodo y castigar a quien se atreve a señalar las contradicciones del poder. Cambian los medios pero la lógica es idéntica: callar al mensajero para evitar que el mensaje cale.

Y, sin embargo, cada ataque confirma la vigencia de aquello que pretenden sofocar: la necesidad de voces libres, incómodas y valientes que recuerden que la democracia no se defiende sola, que la libertad de expresión no es un adorno y que la crítica (también la satírica) es un pilar esencial frente a quienes, una vez más, preferirían que la ciudadanía aplaudiera sus propias cadenas.