El acceso a una vivienda en alquiler en Alacant, Benidorm o Dénia se ha convertido en un desafío casi imposible para la población trabajadora. Según un reciente informe del sindicato CCOO L’Alacantí-Les Marines, los jóvenes llegan a destinar entre el 60% y el 90% de su salario al pago del alquiler, lo que les sitúa en la categoría de “pobres con empleo”. Para no superar la recomendación de dedicar más del 30% de los ingresos al alquiler, una familia necesitaría percibir al menos 3.600 euros netos al mes, cuando el alquiler medio en Alacant ya alcanza los 1.130 euros mensuales.
La situación de compra no es más favorable. Los precios de la vivienda han aumentado de manera notable en solo un año: Alacant un 14,3%, Benidorm un 15,4% y Dénia un 13,8%. Este aumento ha modificado el perfil del comprador: en 2024 se registraron más de 20.000 compras por parte de extranjeros no residentes, el 70% de ellas al contado. La competencia desleal generada por estas operaciones desplaza a la población local y acelera la gentrificación de barrios y ciudades.
Mientras miles de familias no pueden acceder a una vivienda, las cifras oficiales sobre viviendas vacías subestiman el problema. El INE no contabiliza viviendas de uso estacional ni propiedades retenidas con fines especulativos. En Dénia, por ejemplo, los datos municipales reflejan entre 5.200 y 5.800 viviendas vacías, frente a las 3.456 que reconoce el INE. En Benidorm la diferencia supera las 4.000 viviendas, y en Alacant llega a más de 5.000. La oferta de Vivienda de Protección Oficial es también insuficiente: solo 625 viviendas en toda la zona.
Para CCOO, esta crisis no es casual, sino el resultado de un modelo especulativo que prioriza la vivienda como inversión frente al derecho a la vivienda, vulnerando el artículo 47 de la Constitución Española y el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La turistificación de la economía ha llevado a una profunda gentrificación que erosiona el tejido comunitario y divide la ciudad entre zonas de ocio turístico y áreas de exclusión para la clase trabajadora local. Este modelo mercantiliza la vivienda y genera una doble vulnerabilidad: económica, al depender del empleo estacional y precario, y social, al convertir un derecho básico en un bien inaccesible.
La respuesta institucional se considera insuficiente. A nivel estatal, la Ley 12/2023 exige autorización vecinal para nuevas viviendas de uso turístico, pero traslada al ámbito privado un conflicto estructural sin abordar la especulación. En Alacant, los avances normativos han sido fruto de la movilización ciudadana, desde moratorias iniciales hasta la reciente regulación que finalmente incorporó bloques completos, después de la movilización que siguió al cierre de la librería 80 Mundos, un espacio cultural con 40 años de historia. La falta de control efectivo ha favorecido un mercado irregular de viviendas de uso turístico, que dificulta disponer de datos reales sobre la oferta y la presión sobre el mercado residencial.
El impacto de esta situación trasciende el mercado de la vivienda, afectando al empleo, la cohesión social, la cultura y el territorio. La presión turística eleva los precios de alquiler y compra, expulsando a las familias trabajadoras hacia la periferia, provocando la pérdida del comercio local, transformaciones urbanas y precarización laboral. Además, los barrios sufren erosión identitaria y cultural, con la llegada masiva de turistas y residentes foráneos, desdibujando la identidad propia de las ciudades. Se desarticula el tejido asociativo vecinal, hay fuga de talento y presión sobre los recursos y servicios públicos.
Frente a esta situación, CCOO L’Alacantí-Les Marines plantea medidas urgentes y estructurales para garantizar el derecho a una vivienda digna. Entre ellas destacan la moratoria inmediata para nuevas viviendas de uso turístico y la transición hacia alquiler residencial de larga duración, la regulación de precios mediante índices de referencia públicos inspirados en modelos europeos como el Mietspiegel alemán, la expansión del parque público de vivienda en alquiler social con contratos indefinidos, el refuerzo de inspección y canales de denuncia vecinal, la erradicación de la economía sumergida y el fomento de empleo estable con derechos, así como una apuesta por la reindustrialización sostenible y la diversificación económica que reduzca la dependencia del turismo de masas. Además, se propone la implantación de una tasa turística que grave las pernoctaciones y financie políticas públicas de vivienda.
El informe, presentado en la librería 80 Mundos, contó con la participación de la responsable de la Secretaría de Jóvenes, Formación y Acción Sindical de CCOO AM, Mary Cueva Garcés, así como del sociólogo Alejandro Mantecón, la activista Guadalimar Navarro Ródenas y el comunicador Pedro Irles, quienes destacaron la relación entre la escalada de precios inmobiliarios, la precariedad laboral y la turistificación. La mesa redonda evidenció que las medidas adoptadas hasta ahora han sido insuficientes y que la movilización social ha sido clave para cualquier avance. CCOO L’Alacantí-Les Marines se compromete a continuar trabajando por estas propuestas, entendiendo que solo con políticas públicas valientes y sostenibles se puede garantizar el derecho a la vivienda y a un empleo digno en las comarcas de l’Alacantí, la Marina Baixa y la Marina Alta.
