Opinión
Ángel Sánchez
El que algunos dirigentes políticos se “deshagan” en halagos hacia la estructura burocrático-técnica municipal a mi, en mi corto entender, me plantea algunas preguntas y posibles paradojas.
En la última sesión plenaria municipal se volvió a plantear una posible anomalía procedimental: se aprueba el reconocimiento de servicios ya realizados, con una advertencia jurídica que, más que poner en entredicho el propósito del reconocimiento expone, nuevamente, un problema en el funcionamiento municipal: “en cualquier caso la aprobación del reconocimiento extrajudicial (jerga burocrática para decir deuda con proveedores de bienes y servicios fuera del procedimiento ordinario) en ningún caso subsana por si misma los defectos habidos en el expediente (…)”. A la vista de esto, algunos representantes expusieron, no sólo su rechazo, sino que expresaron su “preocupación” por un problema evidente. Pese a la preocupación, no se planteó ninguna iniciativa concreta para intentar reformar la organización administrativa que directamente incide en unos procesos manifiestamente mejorables.
¿Quien es el responsable de garantizar que la organización administrativa esté al servicio de los valores y principios democráticos que nuestro marco institucional y democrático le encomienda a la administración pública?. Evidentemente, el gobierno. Pero la situación trasciende a los gobiernos, pues afecta a la eficiencia y eficacia, tanto de la implementación de las políticas decididas como a la misma seguridad jurídica, principio que garantiza a la organización burocrática su legitimidad institucional.
No llego a entender que tras las sucesivas (e incluso gravosas para los intereses generales, tales como indemnizaciones diversas, anulación de acuerdos, etc) muestras de que la organización municipal esta necesitada de una revisión en profundidad, los representantes políticos ( gobernantes o no) no lo afronten como un problema que se ha colado en la agenda y que, pese a lo ingrato y poco publicitable que pueda ser tomar decisiones en éste asunto, supone la columna vertebral del proceso de implementación de las políticas públicas que definen los compromisos de una institución democrática. La organización administrativa no es la que es: es la que se quiere que sea, y aquí la decisión política influye directamente.
Si tuviésemos que utilizar una metáfora, la administración sería como una matrioska rusa, compuesta por diferentes capas. La más visible es la política, pues tiene una repercusión mediática mayor, aunque si analizamos con un mínimo de rigurosidad su funcionamiento ( en función de valores y principios, que son los que, insisto, le dan legitimidad) podríamos concluir que las capas superpuestas que están menos visibles son las que en realidad construyen las políticas que inciden en la vida cotidiana. Y de eso va la cosa, de construir políticas.
Los relatos en torno a los más o menos extensos programas de actos y eventos que cada uno quiera “vender” estarán sustentados en el vacío si el cometido verdaderamente sustancial de una administración pública no se cumple o se cumple con reparos y dificultades. Y, siendo evidente que este no es un asunto que sea llamativo en cuanto a objetivos comunicativos, sí es una política que deben abordar, por responsabilidad, los gobiernos y, como alternativa posible, los principales partidos de la oposición. Quizá las alabanzas sean consecuencia únicamente de las diferentes situaciones personales, aunque creo que además se da un cierto “síndrome de Estocolmo” (¿corporativismo?) confundiendo el importante papel de los medios con el fin institucional y social que tiene la propia organización administrativa.
La organización es la herramienta para implementar las decisiones de los representantes políticos en función de los programas, principios y valores legitimados por la ciudadanía en las urnas. No está al servicio del gobierno de turno, pues si así fuera, simplemente sería irrelevante. La viabilidad técnica y la seguridad jurídica, son los valores que la convierten en contrapeso a posibles decisiones lesivas para los intereses generales. Pero, ¿esto significa que los gobiernos están coartados por el “saber técnico”?. Los condicionantes son fundamentalmente, insisto, de viabilidad técnica y de encaje con la legalidad vigente, siendo responsables de dar soluciones acordes, tanto a la eficiencia de recursos como a la eficacia en la aplicación de las políticas. Pero estas condiciones no son algo extraordinario pues son, de alguna manera, equiparables a cualquier decisión que particularmente pudiéramos tomar en nuestra vida privada, como por ejemplo, sobre si comprar un coche nuevo, de segunda mano, de alquiler, que funcione bien y que se ajuste a nuestras posibilidades de financiación cubriendo nuestras necesidades y mejorando nuestra calidad de vida. De ahí que sea exigible una mejora sustancial en la calidad que, como servicio público, le encomienda el marco constitucional a través de una continua monitorización, evaluación, transparencia y ajuste de todos los procesos que emanen de nuestra administración municipal. La diferencia estriba en que la administración trasciende a los intereses particulares (incluidos los partidistas), teniendo por lo tanto una responsabilidad colectiva no sujeta a las contingencias electorales . Devolver a la administración la legitimidad ante la ciudadanía debería ser una prioridad, pues de lo contrario seguiremos viéndola como algo ajeno, simplemente dedicado a complicarnos la vida.
