José Enrique Bernabeu Pérez nos envía este texto:

Es indudable que la pandemia que hoy afecta a nuestro País, tanto en su faceta epidemiológica como económica, representa la mayor preocupación para la inmensa mayoría de españoles. Y es de suponer que lo es también, o debería serlo, para nuestro Gobierno. Mas tiene el ciudadano la impresión, dada su funesta gestión en la lucha contra el COVID, que el Gobierno anda más preocupado en seguir con su hoja de ruta. Una ruta que, amparada en la coartada pandémica, le permita el asalto  gradual a las  instituciones y a todo lo hasta ahora establecido. Y por ende, al modelo de Estado que emana de nuestra vigente Constitución.   

Así, el Gobierno, viene maniobrando desde tiempo atrás y de forma torticera, en contra de la Comunidad de Madrid. Comunidad que representa la joya de la Corona y donde el Partido Popular viene gobernando durante décadas. Para ello, y en su deseo de alcanzar el poder a cualquier precio,  flirtea con el Sr. Aguado, miembro de Ciudadanos, a quien ofrece la Presidencia de la Comunidad siempre y cuando rompa su coalición con los Populares. Para ello no duda, apoyado en palmeros y medios afines, en culpar a su actual Presidenta de los malos datos que  la pandemia presenta en esa Comunidad. En lucha abierta por desprestigiarla y desbancarla de su cargo, el Gobierno de la Nación utiliza todo tipo de artimañas para su logro. Por medio de su portavoz sanitario Dr. Simón, quien ha creado toda clase de incertidumbres entre la ciudadanía con sus falacias, datos sesgados e interesadas interpretaciones, dice no creerse los mejorados datos que presenta Madrid. Punto de partida de la toma de duras medidas para su población. Medidas y según confesión del propio Ministro Sr. Illa, basadas en datos obsoletos. Datos que seguramente podrían ser más positivos si en Barajas y Atocha, responsabilidad del Sr. Abalos ministro de la cosa,  los controles a sus usuarios fueran más estrictos. Duras medidas que por otra parte no se han atrevido a tomar en Comunidades  como País Vasco, Navarra, Cataluña, La Rioja o Aragón, a fin de no incomodar a separatistas o correligionarios. Comunidades, todas,  con peores datos que  Madrid a la que se trata de acorralar e intimidar por osar discrepar de  la nefasta gestión gubernamental. 

Así, desde el propio Gobierno, se inicia el asalto a la jefatura del Estado en la figura de Felipe VI. El Sr. Iglesias, Vicepresidente del Gobierno de España nada menos, y que como tal debe lealtad al monarca, se dedica a desprestigiar su figura con comentarios, guiños y desplantes varios, con los que predice el fin de la España Monárquica y la llegada de esa, calificada por el Expresidente Sr. González, “republiqueta”. Así, intenta llevar a la calle el debate sobre la utilidad de la Monarquía. Debate que según la Sra. Montero, pareja del Sr. Iglesias, es evidente entre la ciudadanía. Debate desmentido por el CIS del nada sospechoso Sr. Tezanos, que apunta que solo el 1,1% de los Españoles anda preocupado por tal cuestión. Mientras, el silente Sr, Sánchez, no solo no condena las acciones y palabras de su Vicepresidente y otros miembros del Gobierno, si no que vigilante de la Agenda del Rey, se convierte en su institutriz para indicarle lo que debe hacer y a donde ir. Prohibiéndole viajar a Barcelona si no es en su compaña. Ya que podría ser visto como un acto de provocación por aquellos  independentistas a los que no conviene molestar.

Un silente y urdidor Presidente al que su desmedida fatuidad, le empuja a cotas más altas. Tal vez Jefe de Estado. O quizás Emperador. Tal vez su visita al Papa implique su coronación como el nuevo Napoleón de Europa.

Así, a través de la ley Celaá, se toma por asalto la educación con la que se pretende acabar con la educación concertada y especial. Con la que se pretende impedir el derecho que asiste a los padres a la hora de elegir la educación de sus hijos. Ley que nace sin consenso y donde la comunidad educativa ha sido vetada en toda negociación. Una educación ideologizada donde el mérito, el esfuerzo y el sacrificio, carezcan de valor. Donde se banalicen el estudio, los suspensos y las titulaciones. Una educación que ha de desembocar en generaciones faltas de motivación y conocimientos, y escasa o nula capacidad para iniciar proyectos de vida. Generaciones adoctrinadas y adocenadas, a las que Papá Estado ya se encargará de contentar dándoles una paguita o permitiéndoles la ocupación de vivienda ajena si carecen de propia.

Una ley de educación en la que se pretende incluir la de memoria histórica, bautizada ahora como democrática y que tanto gusta a nuestro Gobierno. Una ley que rompe la convivencia que tanto nos costó recuperar. Que nos devuelve a los dos Españas. Una ley que  reabre heridas ya cicatrizadas por la generosidad de unos y otros. Que nace desde el revanchismo y la necesidad que tiene este Gobierno por acabar con todo lo alcanzado y reescribir la historia, el nuevo relato. Un interesado y maniqueo relato donde lo sucedido sea manipulado a beneficio de parte.

Así, enterrado Montesquieu con el nombramiento como Fiscal General del Estado de la militante y anterior ministra de Justicia Sra. Delgado, nuestro Gobierno se lanza sin pudor alguno al asalto de la Justicia. Así, el Sr. Iglesias, inmerso en varias causas judiciales, tras faltar a jueces a los que acusa de prevaricación, se dedica, con  la aquiescencia del Presidente, a promover un cambio en la judicatura con el  que lograr que sus miembros se plieguen a los deseos, planes  e intereses del Gobierno. Así, sin decoro alguno, y tras la negativa del PP a consensuar el nombramiento de los vocales del CGPJ con quien cuestiona la labor de jueces y magistrados, se anuncia por parte del Sr. Sánchez un cambio en las reglas de juego. Un cambio que supone la elección de aquellos por mayoría simple y no por las 3/5 partes del Parlamento y Senado como marca la Constitución. Se trata pues de procurarse una Justicia “ad hoc”, ya que del CGPJ, garante de la independencia judicial, dependen nombramientos, ascensos y sanciones. Así, en manos de jueces afines amén  de las de la Fiscal General que para eso está, quedaría la aplicación de la Justicia. Lo que lleva a pensar que golpistas, independentistas, filoetarras y hasta el propio Gobierno, desde el Presidente hasta el último de sus Ministros, incluido algún que otro dirigente autonómico, podrán conciliar mejor el sueño sin cambiar de colchón.

Ante tanto despropósito son muchos los que depositan su esperanza en Europa. Una Europa en donde empieza a hablarse de España como de “Estado fallido”. Una Europa que, lanzadas las primeras advertencias y dueña de los dineros de la recuperación, mira y mirará con lupa todo lo que aquí acontezca.  Tal vez pues, sea ella la brida que sujete a este Gobierno en su Bolivariana carrera.