Este lunes 14 de junio, ha tenido lugar un conflicto habitacional en la calle València de El Campello. Una veintena de vecinos y miembros de diversos colectivos han paralizado el desahucio judicial previsto en el nº 14 (Piso 2A), evitando que los representantes del juzgado accedieran a la vivienda para tramitar el desalojo.
Según miembros del grupo vecinal `El Campello se ayuda’, “iban a ser desalojadas tres vecinas: abuela, madre e hija (la menor de tan solo ocho años) sin contar con alternativa habitacional”. Además sostienen que “los Servicios Sociales municipales conocían el caso, ya que desde hace más de un año (estuvo en suspensión debido a la pandemia) el desahucio era más que previsible.”. También han estado presentes el sindicato de barrios de Carolinas de Alicante y el Col.lectiu Antifeixista d´ Alacant, así como Pedro Mario Pardo, edil de EU.
La situación es compleja ya que se trata de un conflicto de carácter social. El propietario mantuvo una relación matrimonial con una de las habitantes de la vivienda, la cual finalizó hace unos tres años, momento donde se inició el desencuentro. “Vinieron aquí con una intencionalidad clara, primero ella, luego su hija y posteriormente la niña”, ha declarado el hijo del propietario, que ha acudido al lugar visiblemente enfadado y ha cruzado alguna que otra palabra con los vecinos agolpados en la vivienda. “Mi padre tiene 74 años, está enfermo y viviendo en una caravana mientras estas señoras viven en una casa de 150m2 con todas las comodidades y mi padre pagando luz y agua”, ha lamentado, añadiendo que “los Servicios sociales han tenido tres años para buscar una solución y no lo han hecho”.
A las 10h estaba previsto el desalojo, pero una veintena de vecinos ha evitado que el representante del juzgado pudiera acceder a la vivienda y levantar acta del desalojo. En las inmediaciones estaban dos miembros de la Guardia Civil para controlar la situación, pero sin autoridad legal para actuar por la fuerza en primera instancia. Representantes vecinales han aclarado que “hay una moratoria por la que hasta el 9 de agosto no se puede hacer nada y cuando vuelvan, aquí estaremos otra vez porque se trata de una situación grave que afecta a dos áreas como son violencia de género y vulnerabilidad, además con una menor de por medio”.
En estos años, se han interpuesto varias demandas por supuestos malos tratos, pero según Ramón Palmero, “mi padre ha sido absuelto de todas ellas porque eran denuncias falsas”. Sobre ello, la representante vecinal ha confirmado que “las denuncias no han prosperado porque la legislación no es coherente”. La directora general d´ Emergencia habitacional ha solicitado la suspensión del lanzamiento hasta que las personas que habitan el inmueble cuenten con una alternativa habitacional adecuada.
