Sant Joan ha celebrado hoy el pleno extraordinario sobre la parcela de Nou Nazareth a petición del PSOE, después de que el equipo de gobierno rechazara la creación de una comisión de investigación solicitada por los socialistas. Tal y como habían advertido, ante la negativa del ejecutivo municipal a constituir dicho órgano, el grupo socialista promovió la convocatoria de esta sesión para abordar públicamente un asunto que consideran marcado por la falta de explicaciones y transparencia.
Eva Delgado, concejala del PSOE ha empezado este pleno recordando que «este pleno se está celebrando por la negativa de la constitución de una comisión de investigación por parte del equipo de gobierno…de ser así, se hubiese desestimado la celebración del pleno».
Además, ha realizado un histórico de lo ocurrido con la parcela de Nou Nazareth, «desde el pasado 27 de febrero han pasado 66 días, de silencio, opacidad, sin explicaciones públicas, con una concejala de vivienda desaparecida políticamente y con un alcalde que no han dado ni una sola explicación clara a la ciudadanía…no por que el PSOE quiera hacer ruido y busquemos un titular».
También ha recordado que solicitaron la comparecencia de Charo Tomás, concejala de Vivienda, también una comisión de investigación, información de personas afectadas y los criterios utilizados, «este pleno no es un capricho del PSOE, es consecuencia de la inacción de su gobierno».
También ha explicado que «propusimos que esa parcela no se vendiera a un privado y que fuera Pycsa quien asumiera la construcción de las viviendas o la vía de el Plan VIVE…pero el equipo de gobierno tomó otra decisión, vender la parcela a un privado».
Desde Compromís, Joan Ramón Gomis ha apuntado que ellos también han pedido una comisión de investigación, además ha explicado que han pedido, a través de sus diputados en las Cortes Valencianas información a la Generalitat sobre el caso «y de momento no hemos recibido respuesta». También ha señalado al alcalde Santiago Román, «usted es el mayor sospechoso, ha actuado con valentía, no ha actuado trasparentemente».
Por parte de VOX, Gema Aleman ha mostrado su preocupación por «los 5 millones de euros que estaban comprometidos para la ejecución de inversiones, suponía una mejora para el municipio…la pregunta es, ¿qué va a ocurrir?, no se incluyeron dentro del presupuesto de 2025».
La concejala de Vivienda, Charo Tomás, ha respondido que «no estoy desaparecida, estoy atendiendo a todos los ciudadanos, a sus demandas y peticiones». Además, ha aclarado que no estaba en el pleno por que estaba en la Feria de Empleo que se organiza desde otra de sus concejalías.
También ha apuntado que «lo que es una realidad es que el Alcalde y esta concejala han tomado medidas, se ha abierto un expediente sancionador, se ha paralizado la comercialización, se ha enviado un requerimiento a la promotora, la dirección territorial de vivienda de la Generalitat ha iniciado un expediente sancionador por malas praxis y publicidad engañosas». Además ha anunciado «nuevos baremos, la creación de un registro de demandantes y una revisión de la adjudicación».
Santiago Román, alcalde de Sant Joan ha querido hacer también un recorrido de todo lo ocurrido y ha apuntado que «en el año 2022 el PSOE y conmigo de alcalde querían ceder esta parcela para construir VPO y como alcalde lo paré y en 2025 y 2026 nos encontramos con que el gobierno municipal subasta una parcela para hacer lo mismo pero sin embargo el Ayuntamiento ingresará 5 millones de euros».
Además, ha respondido a la negativa de la creación de una comisión de investigación, «¿investigar que?». Román se ha retrotraído al 26 de febrero para explicar todo lo que se hizo desde el ayuntamiento en cuanto se supo este caso, «el 26 de febrero por la tarde se pone en contacto la Conselleria y me dicen que por parte de una denuncia vecinal les consta que la promotora estaba comercializando las viviendas…el secretario autonómico de vivienda me dice que vamos a actuar de manera inmediata, actúa la Conselleria por que son los competentes en materia de vivienda…ese mismo día por la tarde llamo a la Jefa del Servicio Jurídico y al Secretario Municipal y quedo con ellos a las 8 de la mañana del 27 de febrero para tratar este tema, unos minutos después ya lo teníamos todo claro…tardamos un poco más 12 horas en reaccionar». Román también se ha referido al procedimiento de la Conselleria y del ayuntamiento y lo ha calificado como «intachable». También ha anunciado, aunque ya lo ha hecho en otros plenos, un oficina municipal de información y de inscripción para estas viviendas y todas las de titularidad pública.
También ha tomado la palabra la Jefa del Servicio Jurídico que ha apuntado que el 26 de febrero se abren por parte de la Conselleria diligencias provisionales. Es a principios de abril, explica, que es cuando ya queda calificada la falta como muy grave, se le comunica a la empresa y se le da un plazo de 10 días. «Hasta donde tenemos conocimiento, la propuesta de sanción es de 10.000€ por parte de la Conselleria, que es quien tiene la potestad sancionadora». Además, ha explicado que «jurídicamente, la opción que puede utilizar el ayuntamiento es el desistimiento del contrato, pero es algo que tenemos que valorar ahora…si la sanción es por que ha habido una precomercialización, mi recomendación jurídica es que el Ayuntamiento no tiene por que ser la parte afectada de esa comercialización y cabe un acuerdo con la empresa que puede beneficiar al interés público, pero eso ya es una cuestión a valorar».
