Begoña Monllor Arellano
Alcaldable de Esquerra Unida Raspeig
El rechazo a la prórroga de dos años de los alquileres por parte del Partido Popular, Vox y otras fuerzas de la derecha no es un hecho aislado: es el reflejo de una forma de entender la política que, en lugar de poner en el centro a las personas y sus problemas reales, convierte la vivienda en un campo de batalla ideológico.
Y cuando hablamos de vivienda no hablamos de un lujo. Hablamos de un derecho básico, el de vivir con estabilidad y dignidad.
Nadie discute que el problema de la vivienda requiere soluciones profundas y estructurales como más vivienda pública, regulación del mercado, incentivos para el alquiler accesible o una planificación urbanística a largo plazo. Pero utilizar esos argumentos para votar en contra de medidas urgentes es, sencillamente, dar la espalda a la realidad que muchas familias están viviendo hoy.
Poque precisamente esas soluciones estructurales tardan años en dar resultados y por eso resulta incomprensible rechazar medidas temporales que podrían aliviar el sufrimiento inmediato de miles de personas. La prórroga de dos años en los alquileres y la limitación de las subidas no resolvían el problema de fondo, pero sí ofrecían algo esencial a las familias: tiempo y estabilidad.
Tiempo para que las administraciones puedan declarar zonas tensionadas y poner en marcha vivienda social y pública. Tiempo para evitar que familias enteras sean expulsadas de sus barrios. Tiempo para que nadie tenga que elegir entre pagar el alquiler o llegar a fin de mes.
Negarse a esta medida con el argumento de que “hay que solucionar el problema de raíz” recuerda demasiado a quienes dicen que no hay que dar “ayudas” sino que trabajen y se esfuercen. Pero la realidad es otra porque ni con un trabajo pueden pagar esos precios abusivos, que en muchos casos superan el 50% de su sueldo, la gente necesita comer, vivir y tener un techo.
Nadie puede esperar tranquilamente a que lleguen las reformas estructurales en materia de vivienda si, mientras tanto se queda atrás.
La política debe servir para solucionar problemas, no para agravarlos. Y cuando un problema afecta directamente a la vida cotidiana de miles de personas, lo responsable no es bloquear medidas de alivio por cálculo ideológico, sino actuar con sensibilidad, con sentido común y, en este caso, con urgencia.
Porque detrás de cada debate parlamentario hay familias reales intentando sostener su vida en un contexto cada vez más difícil.
La pregunta que debería guiar cualquier decisión política es sencilla: ¿esto ayuda a la gente o la deja más desprotegida?
Cuando se rechazan medidas que podían ofrecer un respiro inmediato sin plantear alternativas a corto plazo, el mensaje que reciben esas familias es devastador: ¡esperen! Pero hay personas que ya no pueden esperar más.
Y esto no es una discusión lejana. Apliquémoslo a nuestro municipio, porque aquí ya está pasando.
