Un total de 29 familias de Alacant y Sant Vicent del Raspeig, organizadas en el Sindicat
de Vivenda de Carolines, han interpuesto dos demandas judiciales colectivas contra el
fondo de inversión Nestar-Azora en los juzgados de ambas localidades. La empresa,
que cuenta con más de 9.500 viviendas en alquiler, está considerada el tercer mayor
casero del Estado español.
Las familias demandantes reclaman la devolución de las cantidades abonadas en concepto
de cláusulas abusivas, así como la eliminación de dichas cláusulas de sus contratos de
alquiler. Entre estas prácticas, señalan la imposición del pago del IBI, los gastos de
comunidad y la tasa de basuras, además de la obligatoriedad de contratar un seguro de
impago anual cuyo coste equivale aproximadamente a la mitad de una mensualidad.
Estas condiciones ya han sido calificadas como abusivas por diversos tribunales, lo
que, según el Sindicat de Vivenda de Carolines, refuerza las posibilidades de éxito de las
demandas presentadas. Desde la organización se denuncia que estas prácticas forman
parte de un modelo estructural que permite a grandes empresas especular con la vivienda.
Asimismo, se subraya que las viviendas de Nestar continúan calificadas como
Vivienda Protegida, lo que no ha impedido la aplicación de alquileres elevados, la
inclusión de cláusulas abusivas, la falta de mantenimiento de los inmuebles y la tentativa
de venta por encima de los precios legalmente establecidos.
Esta iniciativa se enmarca en una línea de lucha ya iniciada por el Sindicato de
Inquilinas de Madrid, que en los últimos años ha impulsado diversas acciones judiciales
contra este mismo fondo. En una sentencia dictada el pasado mes de junio, un tribunal
declaró abusivas seis de las siete cláusulas impugnadas, obligando a la empresa a devolver
miles de euros a las personas afectadas.
La demanda ha sido redactada e interpuesta por la cooperativa de abogados El Rogle, con
sede en València. El proceso de organización de los inquilinos, iniciado en mayo de 2025,
ha requerido aproximadamente un año hasta su formalización.
Se trata de la primera demanda interpuesta contra un fondo de inversión de estas
características en el País Valencià, así como la primera impulsada por un sindicato
de vivienda en este territorio. Desde el Sindicat señalan que el objetivo es abrir camino
para que otras organizaciones sigan el mismo ejemplo.
