La candidata a la alcaldía, Begoña Monllor, junto a miembros de la formación, se reúnen con el alcalde de Aspe para conocer de primera mano un servicio que dinamiza ayudas, asesoramiento y planes de vivienda. Monllor lamenta que el PP y VOX de San Vicente del Raspeig haya rechazado recientemente en el pleno la creación de este espacio «tan necesario para el municipio».
Una delegación de Esquerra Unida San Vicente del Raspeig, encabezada por la candidata a la alcaldía, Begoña Monllor, el coordinador local, Luis Bosch, y un miembro de comunicación, Miguel Monerris, mantuvo una reunión de trabajo este martes en Aspe con el objetivo de conocer el funcionamiento y la gestión de su Oficina Municipal de Vivienda, un servicio público que está cosechando excelentes resultados.
Durante el encuentro, el alcalde de Aspe, Antonio Puerto, la concejala de Vivienda, Toñi Morote, y el responsable técnico de la oficina, Antonio Calero, explicaron detalladamente las líneas de actuación del departamento. Los representantes de Aspe destacaron el impacto positivo que tiene este recurso a la hora de ofrecer asesoramiento directo a la ciudadanía, tramitar ayudas económicas, gestionar la inscripción en planes de vivienda y mediar en problemáticas habitacionales.
A raíz de esta visita, Begoña Monllor ha vuelto a reivindicar con firmeza la necesidad urgente de implantar un modelo similar en San Vicente del Raspeig. Una propuesta que, según lamenta la formación, fue rechazada recientemente en el pleno municipal por el equipo de gobierno compuesto por el Partido Popular y Vox.
«Una oficina de vivienda en nuestro municipio daría cobertura a muchísimos vecinos y vecinas que tienen derecho a una vivienda digna», ha defendido Monllor. «Este servicio centralizaría y facilitaría todos los trámites, ofreciendo un asesoramiento integral ante el grave problema habitacional que padece actualmente San Vicente del Raspeig».
Desde Esquerra Unida insisten en que la vivienda debe ser una prioridad política y que ejemplos como el de Aspe demuestran que, con voluntad institucional, los ayuntamientos pueden ser herramientas útiles para garantizar los derechos sociales de la ciudadanía.
