La administración municipal de El Campello atraviesa un momento delicado. No por falta de recursos ni de personal, sino por algo más preocupante: la erosión de la responsabilidad institucional en su organización. Las sucesivas anulaciones judiciales de decretos y nombramientos no son meros episodios aislados; son el síntoma de que se ha desdibujado un principio básico del gobierno local: el alcalde dirige la administración, sí, pero no es su propietario. Su función es orientarla al servicio público, no moldearla según criterios personales o partidistas.
La estructura administrativa de un ayuntamiento es la columna vertebral que sostiene la acción pública. Cuando esa estructura se altera sin debate, sin consenso y sin respeto a los procedimientos, el daño no es solo jurídico: es institucional. La ciudadanía debería preocuparse ante lo que está corriendo, porque la administración municipal existe para servirla, y el gobierno local —con el alcalde a la cabeza— tiene la obligación de fortalecerla, no de someterla a vaivenes políticos.
Sin embargo, lo que estamos viendo es lo contrario. La facilidad con la que se modifican áreas y servicios por decreto, la proliferación de nombramientos inestables y la tendencia a interpretar la administración como un espacio disponible para la estrategia política del momento han convertido lo que debería ser un ámbito de estabilidad en un terreno movedizo. Y cuando la administración se vuelve inestable, los servicios públicos se resienten.
No hace falta ser experto en derecho administrativo para percibir las consecuencias: proyectos que se ralentizan porque cambian los responsables o se reorganizan unidades sin planificación; recursos que se pierden en litigios, rectificaciones y reestructuraciones fallidas; personal desorientado que trabaja sin un marco claro y con la sensación de que las reglas cambian según el viento político.
Todo ello repercute en cuestiones tan cotidianas como esenciales: limpieza, mantenimiento, atención social, movilidad, seguridad. La administración es el instrumento que convierte las decisiones políticas en políticas públicas. Si ese instrumento se manipula sin rigor, el resultado es negativo para todos.
En un marco legal que no exige mayorías reforzadas para reorganizar servicios (basta con la mayoría absoluta del pleno, norma mínima que tampoco se ha respetado), la contención política no es una opción: es un deber. Gobernar no es disponer de la administración, sino respetar su naturaleza institucional para que pueda cumplir su función con eficacia y continuidad.
La administración local no puede seguir sometida a improvisaciones ni a interpretaciones interesadas de la legalidad. El alcalde tiene la responsabilidad de dirigirla, pero no el derecho a reorganizarla según criterios personales o partidistas. La ciudadanía merece una administración sólida, previsible y profesional, capaz de sostener políticas públicas más allá de los Alcaldes o los partidos que decidamos que nos gobiernen.
