La Asociación de Vecinos de las calles San José, junto a residentes de la calle Mayor y otras vías del entorno histórico, ha iniciado una ofensiva legal y técnica contra el Ayuntamiento por los graves daños estructurales que, según denuncian, provocan las vibraciones del paso continuado de autobuses interurbanos por el barrio.
Los vecinos han contratado a un perito judicial especializado para auditar vivienda por vivienda los desperfectos existentes en el conjunto histórico, declarado Bien de Relevancia Local (BRL). El objetivo es preparar una reclamación patrimonial conjunta que, según las primeras estimaciones, podría superar los cinco millones de euros.
Según la asociación vecinal, la práctica totalidad de las viviendas de las calles San José y Mayor presenta algún grado de afección estructural. En la calle San José existen 56 viviendas, de las cuales únicamente tres son construcciones del siglo XX y quedan fuera del núcleo histórico más vulnerable. En la calle Mayor, solo unas veinte de las 94 viviendas presentan características constructivas distintas del conjunto tradicional.
Los informes preliminares detectan daños repetidos en numerosos inmuebles: grietas estructurales activas en muros de carga, desprendimientos en fachadas e interiores, fisuras progresivas y riesgo de colapso parcial en viviendas históricas.
La situación, aseguran, se ha agravado especialmente en los últimos años. Solo en lo que va de 2026 se han producido varios desprendimientos graves y colapsos parciales en inmuebles de la calle San José, con daños que ya superarían los 200.000 euros. Algunos vecinos incluso han tenido que abandonar temporalmente sus viviendas por motivos de seguridad.
Entre los casos más recientes figura el hundimiento del techo de una cocina en una vivienda de la calle San José, lo que obligó a sus propietarios a trasladarse temporalmente a casa de familiares. Además, el Ayuntamiento habría solicitado este año el derribo de una vivienda afectada, con pérdidas económicas estimadas en unos 350.000 euros para sus propietarios.
Uno de los pilares de la futura reclamación será un informe técnico firmado por la arquitecta municipal el 30 de noviembre de 2017. Según la asociación, el documento reconoce expresamente que el paso de autobuses genera vibraciones que “se transmiten directamente a las cimentaciones de las viviendas circundantes provocando la aparición de microfisuras”.
Los vecinos sostienen que este informe demuestra que el Ayuntamiento conocía desde hace años el impacto del tráfico pesado sobre el casco histórico y no adoptó medidas efectivas para evitarlo.
A ello añaden otro expediente de febrero de 2025 elaborado por la Concejalía de Movilidad, en el que el propio consistorio reconocía ante la Generalitat Valenciana la “sobreexposición de las viviendas al ruido y vibraciones” y reclamaba el desvío definitivo de las líneas interurbanas fuera del centro histórico.
El peritaje en marcha diferenciará entre daños estructurales graves y patologías menores. Según las primeras valoraciones técnicas, al menos 60 viviendas necesitarían una intervención integral de refuerzo estructural, el coste estimado oscilaría entre 200.000 y 350.000 euros por inmueble, además de que otras viviendas presentan daños menos severos, como fisuras o desprendimientos, con reparaciones valoradas entre 30.000 y 50.000 euros.
La asociación advierte además de que estas cifras son todavía provisionales y podrían aumentar conforme avance la auditoría técnica.
Alegaciones al nuevo mapa de transporte
Los vecinos aprovecharán la actual licitación de la concesión CV-207 Alacant Metropolità Nord por parte de la Generalitat Valenciana para presentar una macroalegación colectiva acompañada de informes periciales individualizados.
La reivindicación principal pasa por eliminar el tránsito de autobuses y tráfico pesado del casco histórico y desviar las líneas interurbanas por itinerarios alternativos compatibles con la conservación patrimonial y la seguridad estructural del barrio.
La asociación ha hecho un llamamiento a todos los propietarios de las calles Mayor, San José, Quijote y vías adyacentes para que se incorporen al peritaje colectivo antes de que los daños sean irreversibles.
