El alcalde de Sant Joan desmiente el alarmismo de VOX sobre la supuesta nueva mezquita: «Es un traslado de un local de culto que ya existe»

Santiago Román asegura que la comunidad islámica lleva años instalada en el municipio y destaca su «comportamiento ejemplar»

El debate sobre el futuro traslado de un lugar de culto de la comunidad islámica de Sant Joan volvió a ocupar parte del pleno municipal celebrado este lunes, después de que VOX reclamara al equipo de gobierno del PP que estudie todas las vías legales para impedir la apertura del nuevo local previsto en la calle Tomás Capelo. Una intervención en la que el alcalde, Santiago Román, quiso aclarar lo que considera una presentación «alarmista» de la actuación y subrayó que no se trata de la creación de una nueva mezquita ni de la llegada de una nueva comunidad al municipio, sino del traslado de un lugar de culto que ya existe en San Juan desde hace años.

Román respondió a la portavoz de VOX, Gema Alemán, después de que esta cuestionara durante el pleno tanto la tramitación del expediente como las consecuencias que, a juicio de su formación, podría tener la instalación de un local de aproximadamente 500 metros cuadrados en la calle Tomás Capelo.

«Esto no es la creación de una mezquita, como usted pretende informar», afirmó el alcalde, quien explicó que se trata del «traslado de un local de culto que existe en San Juan» desde su actual ubicación, en la calle Juan Sebastián Elcano, a otro punto del casco urbano.

El alcalde incidió especialmente en que la comunidad islámica que utilizará el nuevo espacio es la misma que ya desarrolla su actividad en Sant Joan, y negó que vaya a convertirse en un centro de carácter comarcal o que vaya a suponer la llegada de un mayor número de personas al municipio.

Quince años en Sant Joan

Román puso como ejemplo la actual ubicación del lugar de culto para cuestionar las advertencias realizadas por VOX sobre el supuesto impacto que podría tener la nueva instalación sobre los comercios y viviendas de la zona.

«¿Cuántos años llevan en Juan Sebastián del Cano? Pues casi 15 años», señaló el alcalde, quien aseguró que durante todo ese tiempo «los locales adyacentes no se han extendido, ni los han conquistado, ni los han invadido».

En este sentido, defendió que la comunidad islámica de Sant Joan ha mantenido durante años una convivencia normalizada en el municipio y destacó expresamente su relación con el Ayuntamiento.

«La comunidad islámica de aquí no está dando ningún problema en Sant Joan», afirmó Román. «Su comportamiento es ejemplar», añadió, destacando además que muchos de sus miembros tienen sus familias en el municipio y que sus hijos son «sanjuaneros».

El alcalde defendió asimismo el derecho de esta comunidad a disponer de un espacio adecuado para desarrollar su culto dentro de los límites establecidos por la legislación. «Dentro del ámbito privado, y dentro de lo que permite la ley, pueden hacer todo aquello que esté permitido», señaló.

Román rechazó también la utilización del término «macromezquita» para referirse al proyecto y consideró que el debate planteado por VOX está generando una alarma injustificada entre los vecinos. «Como si se fuera a construir una macromezquita en San Juan», ironizó durante su intervención.

Aracil rebate las acusaciones sobre el expediente

Otro de los asuntos centrales del enfrentamiento entre VOX y el equipo de gobierno fue el acceso a la documentación relacionada con el proyecto.

La portavoz de VOX había denunciado que, pese a haber solicitado el acceso al expediente el pasado 21 de agosto, la documentación no le habría sido facilitada hasta la misma mañana del pleno, acusando al gobierno municipal de falta de transparencia.

El concejal de Urbanismo y Seguridad, David Aracil, negó estas afirmaciones y explicó que la solicitud se registró el viernes 21 de agosto a las 14.15 horas, apenas unos minutos antes de la finalización de la jornada laboral de verano de los funcionarios municipales y en plena quincena de agosto.

Aracil aseguró que, tras comprobar la petición, solicitó al departamento correspondiente que preparase la respuesta y que el acceso quedó autorizado y firmado electrónicamente el 25 de agosto, apenas dos días hábiles después de la solicitud.

«La ley de transparencia dice que desde las administraciones públicas tenemos cinco días hábiles para dar información», recordó el concejal, quien afirmó que en este caso la autorización se produjo «el segundo día hábil».

Según explicó Aracil, si posteriormente se produjo algún problema técnico que impidió el acceso efectivo al expediente, este no sería atribuible al alcalde ni a los concejales de Urbanismo o Seguridad.

El edil añadió que Alemán tuvo además la posibilidad de acudir al departamento de Urbanismo para consultar la documentación y afirmó que la portavoz había solicitado una cita con el jefe del departamento a la que finalmente no acudió.

Aracil quiso distinguir además entre el expediente urbanístico y el expediente de apertura, asegurando que el proyecto no dispone todavía de una licencia de apertura, cuestión que, según explicó, forma parte de otra tramitación.

El Ayuntamiento insiste en que se trata de un traslado

El alcalde cerró su intervención insistiendo en que el debate debe abordarse desde el conocimiento concreto del proyecto y no desde la alarma generada en redes sociales.

Román consideró que presentar la actuación como la construcción de una nueva «macromezquita» puede transmitir una imagen distorsionada de lo que realmente se está tramitando y defendió que el Ayuntamiento debe garantizar los derechos de todas las comunidades religiosas dentro del marco legal.

«No podemos hablar sin tener conocimiento de causa», afirmó.

De este modo, el equipo de gobierno mantiene que la actuación supone el traslado a un espacio de mayores dimensiones de un lugar de culto que lleva años funcionando en Sant Joan, y no la implantación de una nueva comunidad religiosa ni la creación de un centro destinado a recibir fieles de toda la comarca.

VOX, por su parte, mantiene su oposición al proyecto y reclama que el Ayuntamiento explore las vías legales que puedan existir para impedir su apertura, argumentando motivos relacionados con la convivencia, la seguridad y el impacto sobre el entorno.

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