El grupo municipal socialista ha confirmado este miércoles que presentará una denuncia ante el Consejo de Transparencia de la Comunitat Valenciana (CTCV) y, así como una queja ante el Síndic de Greuges, por las actitudes que está asumiendo el concejal del PP, Antonio Díaz, en los plenos municipales en relación a las respuestas a preguntas de la oposición.

Asimismo, el PSOE remarca que resulta curioso que sea el mismo concejal responsable del área de Transparencia y que, a día de hoy, no se haya convocado la CESURE -órgano consultor de quejas y sugerencias- en este Ayuntamiento, tras año y medio de legislatura.

La formación sostiene que el concejal ‘popular’ ha hecho costumbre «eludir sistemáticamente» las preguntas planteadas en el pleno, especialmente las relacionadas con el «plan de choque fantasma» de limpieza promocionado por el PP, así como con las de fiscalización de la recogida de residuos diaria. Los socialistas afirman que, el edil del PP, emplea un lenguaje «evasivo y ambiguo», construyendo respuestas «largas y enrevesadas», que carecen de contenido informativo relevante: «Son auténticas sopas de letras».

Por ello, consideran que esta conducta, además de ser «irrespetuosa hacia la oposición y la institución», constituye una «clara trasgresión de sus obligaciones como representante público y atenta contra los principios de transparencia y rendición de cuentas, que deben regir la actividad municipal».

Igualmente, añaden que al negarse a proporcionar información «clara y concisa», el concejal Antonio Díaz impide que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a conocer la gestión de los asuntos públicos. «Esta actitud contraviene el derecho de acceso a la información consagrado en el artículo 23 de la Constitución Española, así como la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha reiterado en múltiples ocasiones la obligación de los representantes públicos de responder de manera concreta y precisa a las preguntas formuladas por los miembros de la corporación», dice el PSOE.

Por todo ello, los socialistas insisten en que con su comportamiento, el edil ‘popular’ demuestra «una falta de compromiso con los principios democráticos y una evidente intención de obstaculizar el control de su gestión». «Exigimos que cese en esta práctica y que cumpla con sus obligaciones legales, proporcionando respuestas claras, concisas y veraces a todas las preguntas que se le formulen», remarcan.