El PSOE ha culpado este jueves a la Conselleria de Educación, en manos del Partido Popular, de provocar la falta de consenso entre la Generalitat Valenciana y la comunidad educativa al no incluir la reivindicación de la subida salarial del profesorado, un acto «totalmente deliberado» que busca poner en la diana a los docentes.

El concejal del PSOE, Eugenio Toledo, ha afirmado sobre la reunión de este jueves que la intención encubierta de Conselleria es la de «desacreditar a los representantes sindicales presentes en la negociación». «Quieren generar desconfianza entre el personal docente que se manifiesta y los sindicatos. La intención primaria es dividir a manifestantes y a sindicatos», ha remarcado.
El grupo municipal socialista de San Vicente del Raspeig ha reaccionado a esta propuesta «vacía» del Partido Popular y lamenta que el Consell haya optado por seguir en el estancamiento en vez de abordar una cuestión fundamental para dignificar la profesión docente y mejorar la calidad de unas plantillas que están «desbordadas». Tal y como ha trascendido esta mañana, el PSOE ha mostrado su apoyo al colectivo docente, pues la propuesta de la Conselleria de Educación incluía «una preocupante falta de concreción técnica y económica en prácticamente todas las áreas clave».
Los socialistas consideran que no puede hablarse de mejora del sistema educativo mientras se excluye de la negociación uno de los principales problemas que afectan al profesorado valenciano. Además, resulta incoherente que el Partido Popular intente justificar la ausencia de avances salariales apelando a la falta de recursos derivada de la infrafinanciación estatal, cuando ha sido el propio PP quien ha rechazado iniciativas del Gobierno de España que suponían una mayor financiación para la Comunitat Valenciana.
De esta forma, la huelga indefinida sigue adelante con su cuarto día. Mañana toda la comunidad educativa se dará cita en València para una gran manifestación a las 12.00 horas. Las medidas concretas de profesores y familias de la escuela pública son: una reducción real de ratios en las aulas, especialmente en los centros con mayores dificultades; más recursos para la inclusión educativa; menos carga burocrática para los equipos docentes; estabilidad en las plantillas; y una mejora de las condiciones laborales y salariales del profesorado.