Familias residentes en distintas partidas rurales de Alicante han convocado una manifestación vecinal para el próximo miércoles 3 de junio, a las 10.00 horas, frente a la puerta del Ayuntamiento de Alicante, con el objetivo de reclamar una solución urbanística y administrativa para quienes viven en suelo rústico y denuncian sentirse “criminalizados” por la actual normativa y las actuaciones de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT).

Bajo lemas como “Un hogar es un derecho, no un delito”, “Somos vecinos, no un problema” o “Vivir en suelo rústico no debería convertirnos en enemigos”, los convocantes sostienen que detrás de estas viviendas “hay años de esfuerzo, ahorro y sacrificio” y defienden que muchas de las parcelas actualmente habitadas se encontraban abandonadas y con riesgo de incendio antes de ser acondicionadas por sus propietarios.

Según los textos difundidos por la asociación vecinal y los carteles de convocatoria, los vecinos aseguran que no son “delincuentes ni ocupas”, sino familias trabajadoras, personas mayores y jóvenes que, ante la imposibilidad de acceder a una vivienda en el mercado convencional, optaron por adquirir pequeñas parcelas rústicas para establecer su residencia. En sus comunicados denuncian que “las mínimas ofertas de vivienda pública están fuera del alcance de un trabajador, un jubilado o un joven sin empleo”.

La protesta pretende también reclamar al Ayuntamiento que el futuro planeamiento urbanístico contemple mecanismos de regularización para las viviendas ya existentes en determinadas partidas rurales. Los organizadores piden que el nuevo Plan General incluya soluciones para las construcciones consolidadas y que se abra una vía de diálogo con las administraciones públicas.

En los documentos difundidos entre vecinos, los convocantes afirman que muchas parcelas “estaban totalmente abandonadas e invadidas por malas hierbas”, y sostienen que los propietarios han contribuido a limpiar y mantener los terrenos, reduciendo riesgos ambientales y de incendio.

Un conflicto urbanístico cada vez más visible

La convocatoria se produce en un contexto de creciente tensión en torno a las construcciones en suelo no urbanizable de la provincia de Alicante. En los últimos meses, la Generalitat, la AVPT, la Guardia Civil y distintos ayuntamientos han intensificado las actuaciones contra parcelaciones y edificaciones consideradas ilegales en varias partidas rurales.

La problemática afecta especialmente a zonas como El Moralet, La Cañada del Fenollar, Fontcalent o La Alcoraya, donde se han abierto expedientes urbanísticos y se han investigado operaciones de parcelación irregular y construcción en suelo protegido o inundable.

La Agencia Valenciana de Protección del Territorio ha defendido en diversas actuaciones la necesidad de controlar edificaciones en suelo rústico, especialmente en áreas con riesgos ambientales o urbanísticos. En mayo de 2025 se llevaron a cabo los primeros precintos preventivos de asentamientos considerados irregulares en partidas rurales de Alicante.

Al mismo tiempo, asociaciones vecinales críticas con estos asentamientos han alertado del crecimiento de urbanizaciones encubiertas y de la proliferación de viviendas en zonas inundables o sin servicios básicos.

“Queremos vivir tranquilos y en paz”

Frente a esa visión, los convocantes de la manifestación insisten en que su reivindicación se centra en el derecho a la vivienda y en la búsqueda de soluciones “realistas y humanas”. Entre sus principales demandas figuran el respeto institucional, el diálogo con las administraciones y el cese de las sanciones y presiones administrativas mientras se estudian posibles vías de regularización.

Los carteles difundidos en redes sociales y grupos vecinales destacan mensajes como “No hacemos daño a nadie” o “Nuestras casas están cuidadas, acondicionadas y son nuestro hogar”. También llaman a “defender el derecho a vivir en paz” y a “rechazar multas y amenazas injustas”.

La manifestación partirá simbólicamente de la idea de que “detrás de cada vivienda hay familias”, en un momento en que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y económicos en España. El debate sobre el uso residencial del suelo rústico, la falta de vivienda asequible y los límites del urbanismo vuelve así al centro de la discusión pública en Alicante.