Entrevista | José Antonio Bermejo, diputado provincial de Personal
Bermejo acusa al Gobierno de España de retrasar el decreto de los remanentes: «Podría haberse aprobado en enero»
El diputado sostiene que la autorización para utilizar los remanentes «podría haberse aprobado en enero» y asegura que el retraso ha dificultado la planificación de los ayuntamientos

La Diputación de Alicante pondrá en circulación más de 56 millones de euros para reforzar la financiación municipal y apoyar al comercio de la provincia. En esta entrevista, el diputado provincial de Personal, José Antonio Bermejo, explica cómo se distribuirán los fondos del Plan Más Cerca y de los Bonos Consumo, que permitirán inyectar 7,55 millones de euros en los municipios de l’Alacantí, al tiempo que defiende la modernización de la Administración y critica el retraso del Gobierno central en aprobar el decreto que ha hecho posible liberar parte de los remanentes de tesorería, una decisión que, en su opinión, ha dificultado la planificación de los ayuntamientos.
Somos L’Alacantí
«La Administración debe reorganizarse para adaptarse a la nueva realidad»
Pregunta. Hace unos meses asumió el Área de Personal de la Diputación. ¿Cómo afronta esta nueva etapa?
Respuesta. Muy ilusionado. Haber dirigido anteriormente el Hogar Provincial y el Centro Doctor Esquerdo, con cerca de 700 trabajadores entre ambos, me ha dado una base muy sólida para asumir esta responsabilidad. Son centros con mucha movilidad de personal y esa experiencia me ha permitido conocer de primera mano la gestión de los recursos humanos.
P. ¿Cuáles son ahora sus principales objetivos?
R. Estamos actualizando la Relación de Puestos de Trabajo, incorporando nuevo personal para cubrir las necesidades de la Diputación y colaborando con numerosos ayuntamientos en procesos selectivos, bolsas de empleo y elaboración de sus RPT. Además, afrontamos un importante relevo generacional debido al elevado número de jubilaciones previstas en los próximos años.
P. Usted insiste en que el reto no pasa únicamente por contratar más personal.
R. Exactamente. El gran reto es reorganizar la Administración. Están apareciendo nuevos perfiles profesionales relacionados con las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, mientras que otros puestos deberán adaptarse a esa nueva realidad. La Administración tiene que evolucionar al ritmo de la sociedad.
P. ¿Qué papel jugará la inteligencia artificial?
R. Será una herramienta para optimizar el trabajo de los empleados públicos y hacer más eficiente la gestión. No se trata de sustituir personas, sino de aprovechar la tecnología para prestar un mejor servicio. Por eso estamos reforzando la formación de los trabajadores de la Diputación y de los ayuntamientos de la provincia.
«Más de 56 millones para ayudar a los ayuntamientos y al comercio»
P. La Diputación acaba de aprobar un importante paquete de ayudas. ¿Qué supone para la provincia?
R. Gracias al decreto aprobado por el Gobierno central podemos movilizar más de 56 millones de euros procedentes de los remanentes de tesorería. De esa cantidad, 31 millones de euros se destinan al Plan Más Cerca y 25 millones a los Bonos Consumo. Es un dinero de los ciudadanos que ahora podrá utilizarse para mejorar los servicios municipales y apoyar al comercio local.
P. ¿Qué persigue el Plan Más Cerca?
R. Ayudar a los ayuntamientos a sufragar gastos corrientes de funcionamiento, mantenimiento de instalaciones, limpieza, parques, jardines, servicios municipales o personal vinculado a esos servicios. En muchos municipios pequeños estas ayudas llegan incluso a triplicar o cuadruplicar los recursos disponibles para este tipo de actuaciones.
P. El programa nació durante la pandemia y continúa vigente.
R. Sí. Surgió como una respuesta a la crisis del COVID-19, pero la Diputación ha decidido mantenerlo porque sigue siendo una herramienta muy útil para los ayuntamientos. Entre 2020 y 2026 habremos destinado 191 millones de euros a este programa.
P. Este año también se facilita el acceso a las ayudas.
R. Así es. Los ayuntamientos pueden solicitar un anticipo de la subvención para no tener que adelantar fondos propios y justificar posteriormente los gastos, lo que agiliza mucho la gestión.
P. ¿Qué supondrá este paquete de ayudas para la comarca de l’Alacantí?
R. Va a suponer una inyección económica muy importante. Entre el Plan Más Cerca y los Bonos Consumo, la Diputación destinará 7,55 millones de euros a los municipios de l’Alacantí, un dinero que servirá para aliviar las cuentas de los ayuntamientos, mantener los servicios públicos y dinamizar el comercio local.
Los municipios donde editáis vuestros periódicos van a recibir una parte muy importante de esa inversión. San Vicente del Raspeig será el que más fondos perciba, con 1.172.000 euros entre ambos programas. El Campello contará con 841.000 euros, Mutxamel recibirá 758.000 euros y Sant Joan d’Alacant dispondrá de 734.000 euros.
Además, Xixona recibirá 506.000 euros, Busot contará con 322.500 euros, Tibi dispondrá de 296.000 euros, Aigües recibirá 251.500 euros y la Torre de les Maçanes, 245.243 euros. Alicante capital, por su parte, tendrá asignados 2,49 millones de euros.
Al final, hablamos de una inversión que llegará directamente a los municipios para que puedan mejorar sus servicios y, en el caso de los Bonos Consumo, también para seguir apoyando al pequeño comercio y a las familias. Además, el reparto se realiza siguiendo criterios objetivos como la población, la superficie, la densidad o el riesgo de despoblación, lo que permite que los municipios más pequeños reciban un mayor respaldo económico.
«El decreto llega tarde y dificulta la planificación de los ayuntamientos»
P. Sin el decreto del Gobierno estos planes no habrían podido ponerse en marcha.
R. Exactamente. Llevábamos mucho tiempo y seguimos reclamando que se permita utilizar los remanentes de tesorería. Ese dinero no pertenece a las administraciones; pertenece a los ciudadanos y debe ponerse en circulación para mejorar los servicios públicos, ayudar a las familias y apoyar a las empresas.
P. Sin embargo, usted sostiene que esa autorización llega tarde.
R. Sí. Creemos que el Gobierno podría haber aprobado este decreto a principios de año. Si se hubiera hecho en enero, los ayuntamientos habrían dispuesto de mucho más tiempo para planificar inversiones y ejecutar actuaciones con normalidad. Al aprobarse prácticamente en verano, los plazos administrativos se reducen considerablemente.
P. Usted atribuye ese retraso a motivos políticos.
R. Esa es nuestra opinión. Pensamos que responde a cuestiones políticas e ideológicas, ya que la mayoría de ayuntamientos y diputaciones están gobernados por el Partido Popular. Lo que pedimos es que se permita a las entidades locales utilizar sus remanentes cuando los necesitan y no cuando resulta políticamente conveniente.
P. ¿Qué consecuencias tiene ese retraso?
R. Los municipios pierden capacidad para planificar inversiones de mayor envergadura. Una obra importante necesita tiempo para redactar proyectos, licitar contratos y ejecutarlos. Cuando la autorización llega con el año muy avanzado, muchos ayuntamientos deben limitarse a actuaciones de mantenimiento en lugar de poder desarrollar proyectos estratégicos.
P. ¿Cuál es el mensaje que quiere trasladar a los vecinos?
R. Que ese dinero es de los ciudadanos. Tenerlo inmovilizado en una cuenta bancaria no beneficia a nadie. Cuando se pone en circulación mejora los servicios públicos, impulsa la economía local y ayuda especialmente a los municipios más pequeños, que son precisamente la razón de ser de la Diputación.
