Todos los grupos de la oposición de Sant Joan d’Alacant rechazan la gestión del PP en las VPP de Nou Nazareth tras mantener a una promotora sancionada
El PSOE denuncia que el Gobierno de Santiago Román intenta cerrar el expediente sin aclarar las irregularidades detectadas y responde con descalificaciones a los recursos presentados
El Gobierno del PP de Sant Joan d’Alacant se ha quedado solo en la gestión de las viviendas protegidas de Nou Nazareth. Todos los grupos de la oposición han rechazado la actuación municipal después de que el alcalde, Santiago Román, decidiera mantener la venta de la parcela pública a Promored Velilla I, sancionada por una infracción muy grave relacionada con la comercialización anticipada de la promoción.
El PSOE de Sant Joan denuncia que el Ejecutivo local pretende dar por resuelto el caso de las VPP con la multa impuesta por la Generalitat, sin aclarar qué investigación ha realizado el propio Ayuntamiento ni valorar si la empresa continúa siendo la adjudicataria adecuada para recibir suelo municipal destinado a vivienda protegida. Además, dejan claro que Santiago Román no sabe gestionar y por eso es capaz de todo, hasta de confiar en una empresa que ha engañado a todo el municipio, para disponer del dinero que no ha sabido gestionar en este último año de mandato.
“Cuando toda la oposición coincide en que esta gestión se ha hecho mal, un Gobierno en minoría debería parar, escuchar y ofrecer explicaciones. Santiago Román ha preferido seguir adelante en solitario. De hecho, no ha contestado a ninguna de las preguntas hechas durante todos estos meses.”, sostiene la portavoz socialista, Esther Donate.
La empresa admitió haber promocionado las VPP de Nou Nazareth, formalizado reservas y recibido cantidades de 1.750 euros cuando la compraventa de la parcela todavía no se había formalizado y la promoción carecía de la autorización administrativa necesaria. El Servicio Territorial de Vivienda declaró posteriormente a Promored responsable de una infracción muy grave por iniciar la comercialización sin autorización.
De prometer una investigación a reactivar la venta
Cuando las irregularidades salieron a la luz, el Ayuntamiento paralizó el procedimiento, requirió información a la promotora y anunció que estudiaría incluso la revocación y el desistimiento de la adjudicación. Sin embargo, una vez impuesta y pagada la sanción autonómica, el alcalde levantó la suspensión y reactivó la formalización de la venta.
Para el PSOE, el pago de la multa no eximía al Ayuntamiento de analizar las consecuencias de lo ocurrido sobre su propio procedimiento. La Generalitat era competente para sancionar la comercialización irregular, pero correspondía al Gobierno municipal decidir si esa conducta era compatible con la entrega de una parcela pública a la misma empresa.
“El PP confunde pagar una sanción con borrar lo sucedido. La pregunta sigue siendo la misma: ¿puede una empresa captar clientes, cobrar reservas sin autorización, ser sancionada por una infracción muy grave y conservar la adjudicación como si nada hubiera pasado?”, plantea Donate.
Los socialistas recuerdan además que en el expediente consta publicidad que presentaba la promoción como adecuada también para una segunda residencia. Esa documentación fue aportada por la propia adjudicataria, pese a que posteriormente negó haber ofrecido las viviendas con ese uso.
El Ayuntamiento tampoco ha explicado públicamente cuántas personas entregaron dinero para las VPP de Nou Nazareth, cómo se gestionaron las listas de interesados, qué ocurrió con las reservas ni si todas las cantidades fueron devueltas.
El PSOE pide investigar y recibe descalificaciones
Desde que comenzó el caso, el Grupo Municipal Socialista ha reclamado una comisión de investigación, un pleno extraordinario, acceso a la documentación y garantías para las familias. También presentó dos recursos para impedir que las irregularidades quedaran sin consecuencias y para que el futuro de la parcela pudiera debatirse por el conjunto de la corporación.
La respuesta municipal se ha centrado en inadmitir los dos recursos, pero sin entrar ni en la comercialización anticipada, ni en la sanción impuesta, ni en que se promocionase como segunda vivienda, ni en que no hubiese pública concurrencia, en definitiva, sin centrarse en lo importante, que el procedimiento fuera transparente. La propuesta de resolución utiliza además expresiones como “grosero”, “impertinente” o “tramposa”.
“Si el alcalde y la concejala de Vivienda hubieran dedicado a vigilar a la promotora el mismo tiempo y esfuerzo que han empleado en desacreditar nuestros recursos, probablemente no habríamos llegado hasta aquí. Y seguiremos defendiendo que queremos respuestas porque de momento no existen”, afirma Donate.
La portavoz socialista considera “impropio” que una resolución administrativa convierta la discrepancia jurídica en una descalificación contra la oposición: “Pedimos transparencia, garantías y respuestas en el caso de las VPP. El Ayuntamiento nos ha contestado con sarcasmos, pero sigue sin explicar por qué protege la continuidad de esta operación”.
La parcela fue adjudicada por 4,82 millones de euros más IVA. El PSOE advierte de que la necesidad de ingresar ese dinero no puede imponerse sobre la protección del patrimonio municipal y los derechos de las familias.
“No todo vale para cerrar una venta ni para disponer de recursos en el último año del mandato. Estamos hablando de vivienda protegida, de suelo público y del proyecto de vida de centenares de personas. El PP puede intentar cerrar el expediente, pero el PSOE seguirá fiscalizando cada paso”, concluye Esther Donate.
