La concejal de Derechos Sociales del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig, Mariela Torregrosa, ha confirmado los planes de mejora de los servicios prestados a través del Punto de Encuentro Familiar (PEF), gestionado por la Generalitat Valenciana. La edil ha aclarado que “se está llevando a cabo una reordenación de la red de puntos para mejorar la distribución territorial de los recursos, dotarlos de mayor estabilidad y adecuarlos a las necesidades reales de las familias usuarias”.

En el caso de San Vicente del Raspeig, el PEF se reubicará en Alicante, dentro del departamento número 19 de servicios sociales, al que pertenece el municipio. La edil ha adelantado que las instalaciones actuales se mantendrán hasta disponer del nuevo PEF, que actualmente está en proceso de licitación.

El punto que dará servicio al municipio “aumentará de categoría, lo que significa que contará con más recursos y mejores instalaciones y, además, estará dentro de una estructura autonómica que garantiza la ampliación de la plantilla de profesionales y de los perfiles de especialización para atender las diferentes necesidades, un aumento de las jornadas laborales, estabilidad y una financiación íntegramente a cargo de la Generalitat”.

El servicio a los menores y las familias está garantizado

Torregrosa ha mantenido que “desde el Ayuntamiento vamos a defender siempre los intereses de las familias de San Vicente” y ha remarcado que “a través de una nueva red autonómica de PEF, queda totalmente garantizado el derecho de los menores a relacionarse con sus progenitores y familiares en un entorno seguro y con profesionales especializados que podrá ampliarse en función de las necesidades que se detecten y de la evolución de los diferentes parámetros de planificación”.

La responsable de Derechos Sociales ha pedido más rigor en la información trasladada “porque decir que la Generalitat elimina el PEF no es correcto, el servicio se mantiene, se reorganiza en Alicante y se integra en una red autonómica más garantista y mejor dotada». La edil también ha desmentido que las familias del municipio tengan que desplazarse a Elda o Benidorm, “se quedan en el departamento al que pertenecen, que es el 19”.

Sobre la nueva localización, ha apuntado que “evidentemente nos hubiese gustado seguir contando con un punto de encuentro en la localidad, pero, en base a la normativa de la Generalitat, esta reorganización garantiza mejoras importantes en favor de todas las familias”.

Criterios seguidos

La ubicación de los PEF se realiza en cumplimiento del modelo territorial establecido en la normativa valenciana de servicios sociales. La Ley 3/2019 establece el mapa como instrumento de organización territorial y planificación del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales. El modelo, desarrollado en el Decreto 34/2021, indica que los departamentos deben contar con, al menos, un Punto de Encuentro Familiar.

Para determinar un emplazamiento que permita ofrecer una cobertura más adecuada, en aquellos departamentos con varios partidos judiciales se ha tenido en cuenta también el volumen de población y de expedientes, la procedencia de las personas usuarias y la distancia y comunicación entre los municipios.

Una red autonómica con más profesionales y mayor estabilidad

Uno de los objetivos fundamentales de la nueva red PEF es dotar de estabilidad tanto a las familias y menores usuarios como a los profesionales, evitando la situación de incertidumbre y los cambios frecuentes que se habían producido anteriormente. Torregrosa ha insistido en que “precisamente la finalidad de esta reorganización es adaptar los equipos al volumen de expedientes y eliminar desigualdades”.

Según la información facilitada desde la Generalitat, con el nuevo sistema, la administración autonómica asume el coste del recurso y las entidades adjudicatarias deberán proporcionar los inmuebles en condiciones adecuadas para garantizar la correcta prestación del servicio. Se pretende, además, eliminar problemas como las desigualdades entre los distintos puntos respecto al volumen de trabajo, las dificultades de accesibilidad o la situación de inestabilidad laboral de los profesionales encargados de prestar el servicio.