San Vicente ejerce el derecho de tanteo y retracto por una segunda vivienda sin resolver todavía la compra de la primera

El convenio de cesión del derecho de tanteo y retracto sigue generando polémica en San Vicente. Hace unos meses, el consistorio ejerció esta opción por primera vez, adquiriendo una vivienda que previamente había comprado un particular. Ahora, poco después de entregar las primeras cuatro llaves del Parque de Viviendas Sociales, el Ayuntamiento ha realizado una segunda adquisición, tal como confirma el alcalde, Jesús Villar.

Imagen de la entrega de las primeras llaves del parque de viviendas sociales

Sobre la primera, todavía no ha podido llevarse a cabo la compra por parte de la entidad local, ya que según confirma Villar, “el propietario (que es un fondo buitre”, no atiende el requerimiento y por ello hemos puesto el asunto en manos de la Generalitat, que es quién tiene la competencia y nos ha cedido este derecho”. Por tanto, esa primera vivienda de la Calle La Esperanza sigue en el limbo y sin incorporarse al Parque de Viviendas Sociales.

Sobre este asunto, Ciudadanos ha insistido varias veces pidiendo que no se perjudique a particulares a la hora de ejercer el derecho de tanteo y retracto, llevando incluso el debate a pleno. Por su parte, el portavoz popular, Óscar Lillo, critica que “nuestro partido a nivel autonómico ha recurrido esta ley porque consideramos que vulnera una serie de derechos y puede ser anticonstitucional. Todo lo que sea adquirir viviendas y beneficiar a familias que viven en exclusión social es positivo, pero hay que tener cuajo para sacar una nota de prensa de algo cuya primera solicitud fue el 31 de julio de 2020. Hay que ser más ágil en la parte administrativa”.

El Alcalde, Jesús Villar, explica al respecto que “es difícil porque las inmobiliarias deben informar a los compradores. Nosotros intentamos ser respetuosos y responder lo antes posible aunque hay un plazo de tres meses para valorar la compra de cada vivienda que nos llega”.

Sobre la segunda adquisición, el primer edil no tiene constancia de que haya ningún otro comprador afectado. Se trata de una vivienda ubicada en el centro con tres dormitorios, un cuarto de baño, aseo, cocina, galería y que ha costado 90.000 euros.

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