El Alcalde, obligado a decidir sobre las competencias de Guillermo García

Se acerca Halloween y en el Ayuntamiento de San Vicente puede haber varios sustos. Las declaraciones de la pasada semana por los grupos de Whattsapp socialistas así como la denuncia que hay abierta contra el alcalde por la prórroga del contrato de jardines, ha provocado que la oposición se plante y exija medidas contundentes, empezando por la retirada de competencias al edil de contratación Guillermo García, quién acudió a los juzgados como investigado y se le suspendió cautelarmente la militancia socialista, al igual que al resto de ex concejales socialistas que acudieron a declarar.

Desde el partido popular, Óscar Lillo indica que “si su partido le ha suspendido de militancia, será en base a algo que considera reprobable, sigue llamándonos la atención que el alcalde no haya decidido retirarle las competencias, cuando en otras ocasiones no le tembl el pulso para hacerlo con concejales de otras formaciones políticas”.  

El pleno ordinario del mes de octubre se celebrará el próximo miércoles día 27 “en el que este concejal va a presentar puntos del orden del día relacionados con contratos como el de la basura, prorrogado desde hace dos años, por la falta de gestión y planificación de este equipo de Gobierno. Este concejal no debería seguir teniendo responsabilidades en el seno del Ayuntamiento, precisamente en un área como la de contratación en cuya violación del deber de sigilo con la documentación  intercambiada en los grupos de whatsapp, se sustentan algunas de las acusaciones hacia los investigados”, añade Lillo.

 “Villar que presume tanto de querer a San Vicente, si realmente lo quisiera, y tras toda esta serie de circunstancias inauditas para nuestra ciudad generadas en el seno de su formación y en su equipo de gobierno,  lo primero que debería es dejar de mirar para otro lado, y por responsabilidad dimitir. Marcharse él, y todo su equipo, para concluya esta falta de planificación municipal”, concluye el portavoz popular.

Por su parte, Ciudadanos considera en voz de Pachi Pascual “intolerable que Guillermo García no deje, al menos provisionalmente, sus responsabilidades en el Ayuntamiento y que el alcalde no le cese, cuando además los delitos que se están investigando están relacionados con la filtración de documentos sobre contratos públicos y precisamente este concejal es el responsable político del departamento de Contratación”.

El portavoz de Ciudadanos se ha preguntado “qué más tiene que pasar para que el alcalde deje de proteger a este concejal, ya que si no está habilitado para militar en su partido, mucho menos lo está para gestionar el dinero público de los sanvicenteros”.

 Pachi Pascual ha añadido que “una cosa es respetar la presunción de inocencia, algo que nosotros siempre defendemos, y otra cosa muy distinta es que el alcalde esté consintiendo una situación que es verdaderamente surrealista e incomprensible”. Por otro lado, Ciudadanos ha vuelto a reclamar al alcalde que, en defensa de los intereses municipales y de sus funcionarios, el Ayuntamiento de San Vicente se persone en el procedimiento judicial como perjudicado, en el caso de que el juez decida abrir juicio oral tras la toma de declaración a los implicados que ha tenido lugar esta semana.

El primer edil, Jesús Villar, deberá gestionar esta difícil situación y tomar una decisión, que será anunciada antes del pleno. Si mantiene a Guillermo García con competencias deberá enfrentarse a las duras exigencias de la oposición y a la incertidumbre judicial, mientras que si prescinde de él, se verá obligado a una restructuración que en la situación actual es difícil de asumir dentro de la inestabilidad que hay dentro del ayuntamiento. Villar no dará declaraciones a los medios por el momento y hasta que adopte una medida que ataje momentáneamente toda esta polémica.

Belén Arques pasa de testigo a investigada

El pasado viernes declararon en calidad de testigos tanto el Alcalde, Jesús Villar, como la primera teniente de alcalde, Asun París, y la ex concejal socialista, Belén Arques. Esta última, quién perteneció a esos grupos de whatssap y desató toda la polémica con su marcha, ha pasado a ser considerada investigada y tendrá que volver a declarar en próximas fechas.

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