Estamos asistiendo a la viralización de una polémica: ¿cuál es la edad aconsejable para que un niño o niña pueda, o más bien deba, acceder libremente a un teléfono móvil con conexión a internet?

Lo previo en un entorno de noticias que se hacen eco de la aparición de diversos grupos de whatsapp, algunos de ellos con más de 1.000 integrantes y en los que predominaba la presencia de menores, en distintos puntos de nuestro país y en los que se compartía material pornográfico, xenófobo y con proclamas de odio. Concretamente el pasado mes de octubre en Barcelona, y hace unos días en Guipúzcoa, en los que se cuentan por miles los menores implicados que estaban siendo, presumiblemente, manipulados por adultos creadores y administradores de los mismos.

Al respecto se ha dado a conocer que más de 40.000 personas han firmado una petición en la web especializada “change.org” solicitando la aprobación de una ley que prohíba el uso del teléfono móvil antes de los dieciséis años, coincidiendo con la edad en la que finaliza la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). Según los expertos es el momento en el que se produce, en la práctica generalidad de los menores, “un cambio madurativo trascendental e importante”.

Lo cierto es que las cifras son tan ilustrativas como alarmantes. Según la los resultados obtenidos por la asociación “Dale la Vuelta”, tras un estudio realizado en centros educativos de toda España, el 50% de los menores entre 11 y 13 años ha visto porno, y señala que el vídeo más reproducido, con 225 millones de visitas, representa una violación en grupo. La misma añade que nuestra sociedad presenta “los primeros niños pornonativos de la historia”.  

Ante ello la Agencia Española de Protección de Datos baraja la posibilidad de implantar un certificado digital (sólo obtenible por mayores de edad) que limite el acceso a determinadas páginas de contenido sexual. Una forma de complementar la Ley de Servicios Digitales aprobada por el Parlamento Europeo en 2022, que obliga a los prestadores de plataformas en línea a establecer medidas adecuadas que garanticen el nivel de seguridad y protección de los menores y que, desgraciadamente, son tan escasas como efectivas.

Obviamente no se trata de prohibir la existencia de páginas web de contenido pornográfico, si no más bien de desarrollar y establecer mecanismos fiables que aseguren la protección de nuestros menores. Algo comparable a la exigencia normativa que se realiza a quienes venden tabaco o bebidas alcohólicas, que deben asegurarse, bajo sanción, de que quien lo adquiere es mayor de edad.

Entonces… ¿puede y debe la Administración injerir en el derecho que tenemos a educar  a nuestros hijos e hijas o, por el contrario, debería ceder de manera absoluta esta responsabilidad ya que, en definitiva, son “nuestros”. Una vez más… el debate está servido.